La querella criminal que el año pasado presentó el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) contra la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón (AISA) y el grupo de Derechos Civiles 15-M por injuriar presuntamente a la Policía Local de la capital aragonesa acaba de encarar una nueva fase del procedimiento.

En un auto fechado el pasado 18 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, ha ordenado la apertura de juicio oral contra Idrissa G., representante legal de AISA y el archivo de las actuaciones con respecto al representante legal del grupo vinculado al 15-M, el otro investigado al que señalaron los querellantes.

Tras varios meses de instrucción, la magistrada considera que las declaraciones de Idrissa G. en varios medios de comunicación pueden ser constitutivas de delitos de injurias y calumnias y ha emplazado a la Fiscalía y a la acusación particular, ejercida por el abogado Luis Rox en nombre de STAZ, para que formulen escritos de acusación.

Para la jueza, durante la instrucción ha quedado acreditado que en febrero y abril de 2018, Idrissa G. concedió dos entrevistas en las que hizo “comentarios ofensivos” hacia los policías locales, atribuyéndoles conductas delictivas, como que requisaban mercancía a los manteros sin justificarlo después en ningún documento.

El representante de AISA manifestó que los agentes mentían en los partes y agredían a los vendedores ambulantes solo porque eran “negros”. “Hacen negocio y recogen los beneficios”, afirmó en una de las entrevistas. Según la jueza, Idrissa G. no demostró entonces la veracidad de sus declaraciones y tampoco se han probado las presuntas conductas delictivas atribuidas a los funcionarios, de ahí haya decidido continuar con el procedimiento contra él.

No ha sucedido lo mismo con el representante de Derechos Civiles 15-M. La magistrada explica que e han practicado numerosas diligencias y ninguna de ellas apunta a la participación de Julio César A. en los hechos indiciariamente constitutivos de delito. Su intervención, detalla el auto, se limitó a acompañar a Idrissa G. al Ayuntamiento de Zaragoza, donde el 19 de febrero de 2018 registraron un escrito en el que varios manteros relataban las supuestas actuaciones antirreglamentarias de los policías locales.

Los representantes de AISA y de Derechos Civiles 15-M declararon como investigados en septiembre de 2018. Entonces, la magistrada les informó de que estimaba “muy graves” las acusaciones vertidas sobre la Policía Local.

Idrisa G. compareció con a su abogado, Eduardo Martínez, y afirmó que la asociación que preside se limitó a “recoger” las manifestaciones de varios manteros de la capital aragonesa. Mientras, el representante del grupo vinculado al 15-M, que declaró asistido por la letrada Ana Sebastián, explicó que el papel de la organización que representa consistió en el “acompañamiento” legal de la asociación de inmigrantes.