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El Ayuntamiento recurrirá la sentencia de Torre Village y plantea legalizar el 'outlet'

PP, PSOE y Cs fuerzan la interposición de la casación ante el Supremo frente a la posición de ZEC y evitan la suspensión de las licencias.

Las obras del ‘outlet’ continuaron el martes, un día después de que se hiciera pública la sentencia que anula el plan
Las obras del ‘outlet’ de Torre Village continúan en la autovía de Logroño.
Francisco Jiménez

Después de semanas de polémica, PP, PSOE y Cs han tumbado este miércoles el intento de ZEC de no recurrir la sentencia del TSJA que anula el plan especial del Torre Village y han forzado la interposición de la casación ante el Tribunal Supremo. Además, han instado al gobierno municipal a iniciar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que supondría la legalización de facto del centro comercial si finalmente se confirma la anulación. ZEC ya ha anunciado que no la va a tramitar y se ha comprometido a colocar el futuro del 'outlet' como uno de los ejes de la batalla electoral.

El 'outlet' de Torre Village, ubicado en los suelos de la antigua factoría de Pikolin, ha marcado la comisión de pleno de Urbanismo de este miércoles, en la que ZEC ha sometido a votación la decisión de no recurrir la sentencia. PP, PSOE y Cs han rechazado la propuesta con el argumento de que el Consistorio debe defender sus propios actos, especialmente tras el análisis del informe de la Asesoría Jurídica, que defiende la legalidad de la actuación municipal.

El PSOE ha tenido un protagonismo especial en el debate. No solo se ha opuesto al planteamiento del gobierno, sino que además ha presentado una propuesta para interponer el recurso de casación y para instar al gobierno de ZEC a iniciar los trámites para legalizar el híper, que ha salido aprobada con el apoyo de PP y Cs. “Quieren convertir una resolución contraria al Ayuntamiento en victoria pírrica. No pueden avalar la firmeza de una sentencia contraria”, ha afirmado la edil socialista Lola Ranera, que ha advertido de las indemnizaciones que habría que abonar en el caso de no recurrir.

“El informe solo puede llevar a concluir que estamos obligados a recurrir”, ha afirmado el concejal del PP, Pedro Navarro, que ha criticado que el gobierno municipal plantee un “expediente político y no jurídico”. Alberto Casañal, de Cs, ha recordado que la sentencia no es firme y que “si esto acaba mal el mayor perjudicado será el Ayuntamiento”. “Aquí hablamos de indemnizaciones de 150 millones, 175 millones, 200 millones...”, ha concluido.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha defendido la decisión de no recurrir, entre otros motivos porque las posibilidades de éxito “son nulas o casi nulas”. Pero además ha argumentado que la decisión de no recurrir implica “defender el PGOU”, vulnerado en su opinión por un plan especial aprobado con los votos de PP, PSOE y Cs.

"Recalificación a la carta"

Además, ha rechazado la petición de modificar el PGOU para legalizar el centro comercial, dado que supondría “una recalificación a la carta” que “rompe el modelo de ciudad compacta y perjudica el comercio de proximidad”. Además de anunciar que el gobierno de ZEC no va a tramitar esa modificación, ha dicho que "es una aberración jurídica, política y ética". "No vamos a hacer legal lo ilegal, es adecuar la norma a Torre Village y no al revés", ha afirmado Muñoz, que ha atacado especialmente al PSOE "y su alianza extraña" con "el bloque de la derecha" para "cambiar el modelo de ciudad". Además, ha anunciado "una batalla campal" durante la campaña en defensa del pequeño comercio y en contra del 'outlet'.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, se ha alineado con ZEC y ha cargado contra “el tripartito de moda” que forman PP, PSOE y Cs. El edil ha defendido solucionar la situación con una modificación del plan especial que se ajuste a lo previsto en la sentencia, es decir, sin gran parte de los usos comerciales previstos en el proyecto de Torre Village.

Además del debate sobre el recurso y las posibles salidas al conflicto jurídico del ‘outlet’, los grupos de PP, PSOE y Cs han impedido la suspensión de cuatro licencias urbanísticas y de actividad que ha planteado el gobierno municipal. En concreto se trata de las referidas a 8 salas de cine, a un restaurante y a dos manzanas sin uso.

Pablo Muñoz ha defendido que la suspensión de las licencias se plantea porque el plan especial es nulo de pleno derecho, aunque la sentencia no sea firme. “Se hace en evitación de posibles perjuicios para los solicitantes y para la administración. Queremos que el problema no avance y que se llegue a una situación en que sea imposible la ejecución de la sentencia, como en el caso del híper de Utrillas”, ha dicho.

PP, PSOE y Cs han coincidido que no hay argumento legal para suspender una licencia cuando las sentencia no es firme. Especialmente duro ha sido el concejal del PP Pedro Navarro, que ha puesto en cuestión el informe técnico que acompañaba la propuesta. “No es un expediente jurídico, sino político. Se pretende que se suspenda un procedimiento en base a una sentencia que no ha adquirido firmeza”, ha dicho Navarro, que ha avisado de que “la administración no puede ir contra sus propios actos” y de “un daño patrimonial multimillonario para el Ayuntamiento de Zaragoza”.

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