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Intervención rechaza las alegaciones de ZEC y ratifica las irregularidades en Zaragoza Cultural

Un informe confirma que la cesión del parque Río y Juego fue ilegal y recomienda depurar "posibles responsabilidades".

Fernando Rivarés
El concejal de Cultura, Fernando Rivarés, en un consejo de administración de la sociedad Zaragoza Cultural.
José Miguel Marco

La oficina de control financiero del Ayuntamiento de la capital, dependiente de la Intervención General, acaba de confirmar punto por punto todas las irregularidades detectadas en la sociedad municipal Zaragoza Cultural y que fueron reflejadas en un informe provisional de fiscalización del 4 de febrero. En el dictamen definitivo, de este lunes, rechaza las alegaciones presentadas por el gobierno de ZEC, responsable de la gestión de esta entidad pública, y ratifica entre otros aspectos que la cesión para los Sanfermines de Pamplona de parte del parque infantil Río y Juego de las fiestas del Pilar incumplió la legalidad.

Tal y como reflejó en el informe provisional, no hubo un documento oficial de cesión de los materiales, pese a que el contrato prohíbe la reproducción sin autorización. Por tanto, se incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, que impide la contratación verbal, así como la ley de Transparencia. Por eso, en una de sus recomendaciones dice que "procedería depurar las posibles responsabilidades".

Zaragoza Cultural trató de justificar lo ocurrido con el argumento de que era la cesión de un "elemento mueble", por lo que se aplicaría la legislación patrimonial. Intervención se remite al contrato con la PAI, concesionaria del parque Río y Juego, y que no permitía reproducir el proyecto sin autorización. Subraya que las sociedades mercantiles locales se rigen por la ley de Contratos del Sector Público.

Pero no este el único asunto que aborda el informe de fiscalización. Indica que en la concesión del Parking Norte no se hicieron "actuaciones formales de requerimiento al concesionario por posibles incumplimientos" de las mejoras previstas en el contrato, entre las que figuraban por ejemplo la obligación de repartir 2.000 invitaciones diarias a colectivos en riesgo de exclusión.

Exige que se documenten los "incumplimientos", se valoren a efectos de la liquidación de la concesión, se incaute la garantía y, si procede, se reclamen daños o perjuicios. Dice que la dilación en el tiempo y la falta de seguimiento "dificultarán" una reclamación, pero pide las "actuaciones administrativas" para "determinar las consecuencias jurídicas".

Por otro lado, la oficina concluye que se cobró el IVA entre 2014 y 2017 a la concesionaria del recinto de forma "improcedente". Es el único aspecto del Parking Norte al que alega la sociedad, que responde que el efecto fue "neutro» y que "el resultado final no supuso ningún incremento de gasto". Pero la alegación se desestima, dado que la sociedad "no debería haber previsto un canon concesional con IVA".

"Exceso de retribución"

El informe sostiene que parte del personal "no se encuentra asimilado a una categoría profesional" pese a que los trabajadores se rigen por el convenio colectivo, lo que puede suponer un "exceso de retribución" respecto al personal funcionario. Por eso pide que si un empleado recibe "percepciones salariales mayores a las que corresponden" por convenio, estas deberán "diferenciarse a través de un complemento de puesto de trabajo absorbible, de forma que no experimenten incremento alguno" hasta que se equiparen a las del resto de trabajadores municipales.

Cita dos casos de trabajadores que entraron con un contrato de relevo y que siguen en plantilla pese a que debieron haber cesado. Además de suponer una infracción del convenio, se vulnera el principio de igualdad de acceso al empleo público. Y apunta que la antigua directora gerente percibió una cantidad bruta que "excede" lo previsto en su contrato. Es el único aspecto al que alega la sociedad y achaca la situación a la antigüedad, pero Intervención replica que se debería haber previsto en el contrato.

Otra irregularidad afecta a los contratos menores. En 2016 de los 142 contratos de este tipo tramitados por la sociedad, solo 6 se publicaron en el perfil del contratante. En 2017 fueron 16 de 151. El gobierno dice que hubo fiscalización previa y se cumplieron las bases del presupuesto, pero la alegación se desestima porque la legislación obliga a publicar la información "correcta y completa" y en este caso no ha sido así.

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