Los talleres ilegales comenzaron a multiplicarse sin control en 2011 y 2012, al calor de la crisis económica, y en pocos años llegaron a convertirse en una realidad insostenible para el sector en Zaragoza. La situación motivó la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Delegación del Gobierno en Aragón, hace ahora dos años, para diseñar una estrategia común que pusiera coto al fenómeno.

A la mesa se sentaron la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil (representada por el Seprona y el sector de Tráfico), el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y miembros de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez). La comisión se reunió por última vez hace tan solo unos días. Este encuentro sirvió para hacer balance del trabajo realizado, una labor más que satisfactoria para los propietarios de talleres, porque prácticamente se ha conseguido erradicar el fenómeno en la capital aragonesa, aunque se ha advertido que se está reproduciendo en otros puntos.

El intendente de la Policía Local de Zaragoza, Daniel Giménez, detalló a los miembros de la mesa que en los dos últimos años se han investigado 62 talleres ilegales en Zaragoza. Las inspecciones han propiciado el cierre de 17 de ellos y la tramitación de 175 denuncias administrativas por diferentes irregularidades. En lo que va de 2019, ya se han iniciado cinco inspecciones y se han abierto 23 expedientes sancionadores.

Esta presión ha hecho que los promotores de los talleres ilegales hayan dejado de establecerse en la capital aragonesa y ahora ubiquen sus actividades en polígonos industriales y localidades del entorno metropolitano de la ciudad, donde consideran que pasan más desapercibidos para las autoridades.

Este cambio de tendencia ha provocado que dos representantes de la Diputación Provincial de Zaragoza se sentaran a la última mesa de trabajo de la Delegación para informarse sobre el problema y disponer los mecanismos necesarios para combatirlo.

Más difícil de combatir

La presidenta de Atarvez, Cristina Durán, reconoce que es mucho más complicado "combatir" los talleres ilegales en pueblos y polígonos. "En estos lugares hay muchos garajes y cocheras que solo tienen una puerta a la calle. Suelen estar cerradas y solo abren si te has puesto en contacto con ellos antes", detalla. En cualquier caso, añade Durán, no cree que sea una tarea imposible erradicarlos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la capital aragonesa. "En Atarvez nunca seremos capaces de demostrar lo agradecidos que estamos a los miembros de la mesa de trabajo por la labor que han hecho para erradicar el problema", afirma.

Las infracciones en las que incurren estas actividades son cuantiosas y no solo dañan al sector mecánico. "Nos perjudican a todos", afirma Cristina Durán, que señala que los talleres ilegales causan estragos a la hacienda pública porque no tienen regularizados a sus trabajadores y no pagan cuotas a la Seguridad Social y también medioambientales, porque no gestionan sus residuos, algunos muy tóxicos, conforme al cauce establecido

"Los tiran en cualquier lado", sostiene la presidenta de Atarvez, que explica que paradójicamente son estas conductas las que en muchas ocasiones delatan la actividad ilegal: cuando la Policía Local o cualquier otro organismo tiene noticia de algún vertido de este tipo, comienza a hacer pesquisas hasta averiguar de dónde procede. Así se descubren muchos de estos talleres ilegales.