Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

Santisteve culpa a PP, PSOE y Cs por la sentencia de Torre Village

El alcalde asume “el problema jurídico” que genera el fallo judicial y exige “responsabilidades” a los grupos que apoyaron el plan anulado.

Pedro Santisteve, en una imagen de archivo.
Raquel Labodía

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha culpado este jueves a los grupos de PP, PSOE y Cs del varapalo judicial al plan especial de Torre Village, que ha quedado anulado. A la espera de los recursos judiciales, el regidor ha responsabilizado a los tres partidos, que fueron los que apoyaron la aprobación del planeamiento de este parque comercial, y les ha llegado a exigir “responsabilidades políticas”. “Que den la cara los que tan alegremente votaron y dieron el visto bueno”, ha dicho.

Santisteve ha hecho una valoración más política que jurídica del revés que ha sufrido en los tribunales el proyecto del ‘outlet’, ubicado en los terrenos de la antigua factoría de Pikolin en la carretera de Logroño. “Hay que ver las responsabilidades que han llevado a que esto no se hiciera como había que haberlo hecho conforme a la legalidad”, ha dicho.

En su opinión, la sentencia “era una crónica anunciada del desastre que ha habido en esta ciudad con el tema de las grandes superficies”. Ha lamentado que en el pasado la planificación urbanística de la ciudad no ha tenido en cuenta el pequeño comercio y “se ha jugado a inversiones que mueven mucho ladrillo a costa de los puestos de trabajo que se pierden en el centro de la ciudad”.

Ha criticado el modelo de grandes superficies comerciales en la periferia. “Ese modelo había que revertirlo. Nosotros lo intentamos, pero nos bloquearon Cs, PP y PSOE”, ha dicho. También ha cuestionado la actuación de la DGA. “También aquí el gobierno del señor Lambán podría haber sido un poco más cuidadoso para tramitar esto como urgencia cuando había serias dudas de lo que podría ocurrir”, ha señalado.

En cualquier caso ha asumido “el grave problema jurídico” que se le genera al Ayuntamiento de Zaragoza, tanto si se paralizan las obras como si continúa la ejecución del proyecto a la espera de sentencia firme. “Son unas obras que no deberían haber comenzado a la vista de la sentencia. Al final los ciudadanos son los paganos”, ha dicho.

En este sentido, ha asumido que existe el riesgo de que esto pueda suponer cuantiosas indemnizaciones a la administración. “Se juega con el dinero público con muy poca responsabilidad y este gobierno lo advirtió e hizo todo lo posible, pero no consiguió una mayoría política para paralizarlo”, ha declarado.

Sobre posibles soluciones, como una modificación del PGOU o un nuevo plan especial, el alcalde ha sido cauto y ha preferido esperar a que tanto los servicios jurídicos como los técnicos de Urbanismo analicen la sentencia. Pero ha recordado el precedente del híper de Utrillas (los tribunales anularon el uso comercial de gran parte del centro comercial, pero después el Ayuntamiento lo legalizó). “Utrillas es un desgraciado precedente. El asunto es cuándo va a entrar el conocimiento a las formaciones políticas que llevan gobernando 20 años esta ciudad para que estos errores no se vuelvan a cometer”, ha dicho.

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