FCC reclama al Ayuntamiento el pago de 6 millones de euros en facturas de 2010 y 2011

La deuda de las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza se sigue peleando en los tribunales. La empresa FCC acaba de acudir al juzgado con el objetivo de lograr la ejecución provisional de una sentencia judicial que obligaría al Consistorio zaragozano a pagar 6 millones de euros por revisiones de precios del servicio de limpieza y recogida de residuos de la capital aragonesa correspondientes a los años 2010 y 2011.

El proceso judicial se remonta a 2016 aunque no fue hasta junio de 2018 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) reconoció el derecho de la empresa a cobrar 1,8 millones correspondientes a 2010 y otros 4,1 de 2011. Ese mismo mes se dictaron otras dos sentencias también referidas a revisiones de precios: 811.000 euros por la de 2009 y 10 millones por las de 2012 y 2013. Ahora FCC solicita cobrar una de ellas, pese a que todavía no es firme, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza recurrió al Tribunal Supremo.

Según los representantes legales de la empresa, la ejecución provisional de la sentencia es viable, dado que "no crea situaciones irreversibles, ni tampoco perjuicios de difícil reparación". En este sentido, alude a que sería fácil compensar esos 6 millones de euros con las cuantías que mensualmente paga el Consistorio a la citada contratista.

Recuerda la empresa que el Ayuntamiento mantiene una deuda de tres certificaciones mensuales con la empresa, lo que supone un promedio de 14,4 millones de euros. Por tanto, dice FCC, en el caso de que el Supremo revocara la sentencia "siempre podrá compensarse con la mayor cantidad que el Ayuntamiento adeude en aquel momento a FCC". Insiste en que la ejecución no supone "un trastorno grave" para el Consistorio y apunta que la facturación anual es de 57 millones de euros, por lo que "la devolución o compensación sería inmediata".

FCC recuerda que la cuantía debió haber sido percibida "hace unos ocho años". "Esta tardanza ha acusado un perjuicio económico a mi principal, que se ha visto obligada a acudir al crédito bancario para suplir los déficits de tesorería", dicen los representantes legales de la empresa en el escrito al juzgado.

Un argumento que utiliza FCC es que existen precedentes, dado que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo reconoció la ejecución provisional de una sentencia por las revisiones de precios de 2012 y 2013, por valor de casi 10,8 millones de euros, aunque en aquel caso se exigió a la empresa la constitución de un aval bancario por la cantidad que debía percibir FCC. En este caso, dice la empresa, no sería necesaria una caución.

Por otro lado, la contratista sostiene que hay jurisprudencia que favorece su pretensión, dado que el Supremo ha planteado la conveniencia de que los recursos se utilicen como "táctica dilatoria". En la misma línea, se defiende la "presunción de veracidad y acierto" que tienen las resoluciones judiciales de instancia, al margen de las cautelas que puedan establecer los tribunales. "La ejecución provisional supone la existencia de una sentencia que representa que, aunque no sea firme, ha existido un control jurisdiccional pleno del acto impugnado", dice FCC.