Pinilla aguarda ya sentencia tras un proceso de 10 años que espera sirva como atenuante

El 26 de diciembre de 2007 Marisol Aured, entonces concejala de La Muela por el PP, presentó una denuncia ante el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía en la que informaba de una larga lista de presuntos delitos cometidos por la regidora, María Victoria Pinilla.

A la denuncia de Aured se sumó en marzo de 2008 la de Fernando Embarba, cuñado de Pinilla, y ambos se convertirían en testigos protegidos. En diciembre de ese año, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, abría las diligencias previas número 91/2008.

Comenzó entonces una instrucción que se plasmó en 90.000 folios y culminó en septiembre de 2016 con una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se condenaba a 32 de los 43 acusados a penas que sumaban casi 100 años de prisión.

El Tribunal Supremo tumbaba parte de la sentencia en mayo de 2018 por indefensión de María Victoria Pinilla ­–que había recibido una condena de 17 años de cárcel–, y ordenaba repetir el juicio contra ella y ocho acusados más. Este jueves, después de una treintena de sesiones que empezaron hace tres meses, la parte de la causa que seguía abierta quedó vista para sentencia.

La jornada se dedicó por completo a los alegatos de los abogados defensores de María Victoria Pinilla, Fernando Barba, Antonio Fando, Alberto Lozano, Juan Ignacio Unsain, Julián de Miguel y sus hijos David y Julio. Todos pidieron la absolución por falta de pruebas o por entender que no han cometido delito alguno.

También solicitaron que, en el caso de que sean condenados, se les aplique la atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas por la década transcurrida desde que comenzó el "procedimiento abreviado". Tardanza que, a juicio de las defensas, de "ningún modo" puede atribuirse a los acusados, como hizo la fiscal en su informe el pasado miércoles.

"La instrucción deja mucho que desear. Hubo un empecinamiento en hacer una macrocausa que ha sido la perdición de todos nosotros. Ojalá se pudieran haber enjuiciado los hechos por separado", planteó Enrique Esteban Pendas, abogado de Antonio Fando y Alberto Lozano. A este último, exdirector de la sucursal de Cajalón en La Muela en la que la familia Pinilla hacía sus ingresos, se le piden ocho meses de cárcel por un delito imprudente de blanqueo de capitales y una multa de 420.000 euros.

Pero, además, tanto Enrique Esteban como Santiago Palazón, letrado de oficio de Pinilla y Barba, pidieron la nulidad "radical" de las escuchas telefónicas sobre las que pivota toda la causa, pues entienden que fueron "prospectivas", no estaban motivadas suficientemente y se vulneraron derechos fundamentales de los investigados.

En cuanto a los trece delitos que la Fiscalía atribuye a la exalcaldesa, por los que pide 25 años de prisión, Palazón defendió que no ha cometido ninguno y que incluso alguna de las acusaciones han prescrito. Mantuvo que el patrimonio de la familia de Pinilla era fruto del trabajo de años de todos sus miembros y que era el exmarido, Juan Antonio Embarba, quien se dedicaba a gestionarlo y ampliarlo de manera legal.

"María Victoria Pinilla era una alcaldesa químicamente pura. Se dedicaba al 99% al Ayuntamiento de La Muela y muy poco a su familia", expuso Palazón. Añadió que todas las decisiones que tomaba respecto a la Sociedad Urbanística Municipal y a la Sociedad Deportiva y Cultural estuvieron avaladas por el pleno y negó cualquier trato de favor con Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo de La Muela.