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Zaragoza

La Fiscalía pide cárcel para un exvicario y una exnotaria del Arzobispado de Zaragoza por apropiación indebida

Les acusa de quedarse con 3.420 euros que sacaron en cheques para pagar a un perito eclesiástico que no cobraba nada por recomendación del Papa.

Imagen del Arzobispado de Zaragoza.
Imagen del Arzobispado de Zaragoza.
P.C.F.

El sacerdote y exvicario judicial interdiocesano de Primera Instancia número 1 de Zaragoza Ignacio Ferrer Sarroca y la abogada y exnotaria del mismo tribunal Mari Carmen Amador se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de mayo por un presunto delito de apropiación indebida.

La acusación deriva de una denuncia interpuesta en su día por el Arzobispado de Zaragoza contra ambos por quedarse, supuestamente, 3.420 euros que sacaron de las propias cuentas bancarias del arzobispado mediante diez cheques. Ese dinero fue cobrado por la acusada y entregado a Ferrer Sarroca y ambos, según la Fiscalía, simularon que las cantidades estaban destinadas al pago de los honorarios del perito psicólogo del tribunal eclesiástico. Sin embargo, la acusación pública mantiene que ese dinero era en "realidad" para su "propio beneficio", ya que el psicólogo había renunciado previamente a recibir cantidad alguna (según recomendaciones del Papa) y ambos encausados lo sabían.

Las sumas, que fueron retiradas entre el 20 de enero y el 22 de junio de 2015, se correspondían con las que habían sido entregadas como provisión de fondos por las partes en los procesos de separación matrimonial que se instaban ante el Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza.

La querella se dirigió en un principio contra Mari Carmen Amador, pero luego se amplió contra Ignacio Ferrer después de que este se responsabilizara ante el juez de las cantidades supuestamente detraídas y también de los cheques extendidos para cobrarlas.

Tras la instrucción judicial, a cargo del Juzgado número 12, la Fiscalía formuló acusación contra ambos y solicita dos años de cárcel para cada uno ellos, así como la devolución del dinero más los intereses legales.

Sin embargo, sus respectivas defensas, a cargo de los abogados Fernando Lacruz y José Luis Melguizo, piden la absolución, puesto que sus representados han negado siempre haberse llevado "una peseta" de las tasas que cobraban a las parejas que solicitaban la nulidad matrimonial. Según declaró el sacerdote ante el juez, ese dinero lo destinó siempre al sostenimiento de los gastos del tribunal interdiocesano, como cursos de formación, libros, viajes o comidas, o a la obra social de la Iglesia. La abogada, por su parte, manifestó en su día que ella tampoco se quedó cantidad alguna y que se limitó a librar los cheques que le pedía Ferrer.

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, cesó a Amador en junio de 2015 por "falta de confianza". Antes, Jiménez encargó a un informático que analizara los datos de su ordenador y ella se querelló contra Jiménez por un delito de revelación del secretos, que fue finalmente archivado. Con la información obtenida, el Arzobispado envió un informe al Tribunal de la Rota, que entendió que existían indicios para impulsar la demanda canónica contra Amador y contra los sacerdotes Ignacio Ferrer y Antonio Mas. Estos dos renunciaron a sus cargos tras conocer el despido de la trabajadora.

Del párroco de Épila a la denuncia por revelación de secretos

La iglesia zaragozana tuvo a finales de 2104 y principios de 2015 varios quebraderos de cabeza fruto de una investigación abierta contra quien entonces era párroco de Épila, Miguel Ángel Barco, por un supuesto acoso sexual al que fuera diácono de su parroquia. Esta situación fue resuelta por el entonces arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, indemnizando al diácono con 60.000 euros, decisión que, a la postre, influyó notablemente en su cese (o dimisión)del cargo.

Ureña fue sustituido por Vicente Jiménez y, al parecer, la exnotaria del tribunal interdiocesano Mari Carmen Amador mantuvo conversaciones con el exvicario Ignacio Ferrer y con periodistas a través del Whatsapp del ordenador de su trabajo en el Arzobispado en las que se criticaba la actuación de Jiménez tras la renuncia forzada de Manuel Ureña.

Según declaró en esos días Ignacio Ferrer, el despido de Amador había sido una consecuencia directa del testimonio que la abogada había prestado durante el proceso de información al papa Francisco sobre la actividad del arzobispo Manuel Ureña. Ante las "vehementes sospechas" de que era Amador quien estaba enviando filtraciones sobre su trabajo y mensajes difamatorios sobre la institución tanto a sus conocidos como a periodistas, fue investigada y despedida. La denuncia por revelación de secretos que interpuso contra Jiménez fue archivada.

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