Aramburu abandona el banquillo del juicio de La Muela y evita una multa de un millón de euros

La Fiscalía y el resto de acusaciones han retirado este miércoles los cargos contra el empresario vasco, que en la primera sentencia de la Audiencia de Zaragoza fue condenado a un año de cárcel y un millón de euros de multa.

El empresario vasco Francisco Aramburu, junto a su abogado, Francisco García Berenguer, cuando abandonaba este miércoles la sala de vistas de la Audiencia Provincial.
El empresario vasco Francisco Aramburu, junto a su abogado, Francisco García Berenguer, cuando abandonaba este miércoles la sala de vistas de la Audiencia Provincial.
José Miguel Marco

El empresario vasco José Francisco Aramburu Altuna ha abandonado este miércoles el banquillo de los acusados del juicio del caso de La Muela. Y lo ha hecho apenas cinco minutos después de reanudarse la vista en la Audiencia de Zaragoza, cuando la Fiscalía y el resto de acusaciones han confirmado que, a falta de pruebas para condenarlo, retiraban los cargos contra él.

El encausado y socio de Construcciones Sagain fue condenado en su día a un año de prisión y un millón de euros de multa como autor de un delito de tráfico de influencias. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó repetir después el juicio contra la exalcaldesa María Victoria Pinilla y otros ocho encausados, entre los que se incluía José Francisco Aramburu. Y su abogado, Francisco García Berenguer (del despacho de abogados de Enrique Trebolle), ha conseguido aprovechar esta segunda oportunidad para apuntalar sus argumentos de defensa.

Cuando fue juzgado por primera vez, la Fiscalía pidió cárcel para el empresario vasco por entender que había tratado de influir sobre los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) para que aprobara la recalificación de los suelos de la sexta fase del polígono Centrovía de La Muela. La Policía grabó varias conversaciones telefónicas entre la exregidora y este encausado hablando del tema, pero no las ha considerado suficientes como para volver a acusar a ambos por estos hechos.

Para el Ministerio Público, en ese intento por tratar de impulsar estas obras el arquitecto municipal de La Muela Francisco Núñez del Castilló falsificó un acta diciendo que habían comenzado los trabajos de urbanización de la quinta fase del polígono Centrovía, requisito que exigía la COTA para desbloquear la sexta fase. Y la Audiencia Provincial de Zaragoza llegó a condenar por un delito de falsedad en documento público al funcionario. Pero el Supremo anuló después la condena al arquitecto municipal al entender que dicha acta no decía que hubieran comenzado los trabajos, sino que la empresa contaba con autorización para ejecutar el movimiento de tierras.

Cuando comparecieron como testigos, los miembros de la COTA dijeron que ni conocían al empresario José Francisco Aramburu ni se habían sentido presionados en modo alguno para impulsar la sexta fase de Centrovía. Ello, sumado a la absolución del arquitecto Francisco Núñez del Castillo por parte del Alto Tribunal, ha pesado a la hora de retirar los cargos por estos hechos tanto contra él como contra María Victoria Pinilla.

La Fiscalía pide 25 años y medio para Pinilla

Tras el abandono del banquillo de los acusados por parte de Aramburu, la repetición del juicio del caso La Muela ha entrado en su fase de informes. La primera en tomar la palabra ha sido la Fiscalía, que, para sorpresa de la defensa de Pinilla, ha solicitado una pena de 25,5 años de prisión para ella. El abogado de la exalcaldesa, Santiago Palazón, entiende que no estaba legitimada para hacerlo y que la pena máxima que podía proponer eran 19 años años.

Además de la principal encausada de la Operación Molinos, en el banquillo continúan otros siete encausados: Antonio Fando (Empresa NTA, condenado en su día a 10 años); Julio y David De Miguel (Aranade, condnados a sendas penas de dos años); Fernando Barba (concejal del Ayuntamiento de La Muela, sobre el que recayó una condena de 6 años y 9 meses) y Alberto Lozano (director sucursal Cajalón, que fue condenado a 8 meses). Los empresarios Juan Ignacio Unsaín y Julio de Miguel fueron absueltos de un delito por el que han vuelto a ser juzgados ahora.

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