S. G. G. y M. L. A., ambos de 39 años y naturales de Zaragoza, llevan largo tiempo soñando con formar una familia. Durante ocho años han estado intentando que ella se quedase embarazada, visitando numerosas clínicas públicas y privadas e invirtiendo mucho dinero y esfuerzo. Por fin sus anhelos se han hecho realidad y el pasado 24 de diciembre nació su primer hijo. El niño llegó al mundo en Kiev y gracias a una mujer gestante que la pareja califica como "un ángel que nos ha dado el mayor regalo del mundo". Tras ocho semanas en la capital ucraniana, los zaragozanos ya estaban preparando las maletas para emprender el camino de vuelta a su país cuando se toparon con una terrible noticia: el Ministerio de Justicia anuló la instrucción por la que se abría la puerta a la inscripción de los menores con una prueba de ADN. Esto significa que, por ahora, su hijo no puede viajar a España, por lo que denuncian la situación de desamparo y, sobre todo, “incertidumbre” que están atravesando, y acusan a las instituciones españolas de dejarles “tirados”.

La pareja cuenta que son muchas las familias que se encuentran en la misma situación, "más de 100 de diferentes partes de Galicia, País vasco, Andalucía o Valencia", entre otras comunidades. Hasta el 29 de enero, estas se iban marchando, poco a poco, con sus bebés, tras obtener los pasaportes o salvoconductos que lo hacían posible, y todo apuntaba a que pronto llegaría el turno del matrimonio zaragozano. De hecho, la cita para registrar a su hijo y poder, finalmente, emprender el viaje de vuelta con él, habría tenido lugar este lunes. Pero no fue así y sus ilusiones se vieron truncadas debido a este cambio de parecer del Ministerio español. El 11 de febrero, cuenta el padre, el cónsul llegó con una instrucción diferente a la que hasta hace poco se venía utilizando, una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado en el año 2010 que dejaba a estas familias solo con dos opciones: volver a España sin sus bebés o llevar el caso a los tribunales. No obstante, y ante las protestas de numerosas familias, el pasado viernes se envió un informe urgente al cónsul con instrucciones para volver a la situación anterior, informe que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado. Según declaró en una entrevista en RNE, fue ella misma quien paró personalmente la instrucción para inscribir a los bebés de gestación subrogada con pruebas de paternidad, ya que se hizo pública sin contar con su criterio.

Después de numerosas idas y venidas, ahora la familia se ha vuelto a topar de lleno con una situación negativa, que se agrava aún más teniendo en cuenta que en pocas semanas finaliza el visado que les permite estar legalmente en Kiev y el plazo para que el padre pueda solicitar el permiso de maternidad -ya que su mujer no tiene derecho a hacerlo al no constar como madre oficial del pequeño-. El zaragozano asegura que teme perder su empleo, cosa que ya han sufrido otras personas en su misma situación. Él se encuentra en Kiev disfrutando de esta baja, pero, para que sea oficial, necesita presentar unos documentos que deberían darle en el consulado y que, de momento, no ha conseguido. Además, ya ha agotado 57 de los 90 días a los que tiene derecho y desconoce si lograrán volver a casa antes de que la cuenta llegue a su fin. Su mujer, por el contrario, tendrá que esperar a estar de vuelta para poder iniciar los trámites de adopción y así figurar en los registros como madre legal del pequeño. Esto es así porque la gestación subrogada es ilegal en España y la ley reconoce como madre únicamente a la mujer que da a luz al bebé. Sin embargo, en Ucrania ambos están reconocidos como padre y madre desde que el niño llega al mundo. Aunque el pequeño puede ser inscrito con esta nacionalidad, lo que se conoce como 'vía ucraniana', esto implicaría la pérdida de una serie de derechos para sus padres, que ya no podrían solicitar las correspondientes bajas. Por lo que esta opción queda descartada si el zaragozano quiere conservar su puesto de trabajo.

La familia defiende que, lejos del debate sobre este tipo de métodos, ahora de lo que se debe hablar es de niños, de menores, que ya han nacido y que se encuentran "indefensos". Aseguran que planean hacer llegar este caso a la Unión Europea ya que el Gobierno "nos está dando la espalda", y que harán todo lo posible "para que lo escuche todo el mundo". Mantienen que no están haciendo nada malo ya que la gestación subrogada no es ilegal en Ucrania y llevar a los bebés a España tampoco lo es; pero, aún así, critican que "nos están tratando como delincuentes".

Además, cuentan que el niño ya ha cumplido las ocho semanas y que necesita tener acceso a vacunas y a una atención pediátrica. Desean, también, que el pequeño conozca a sus abuelos, que, dada su avanzada edad, no pueden realizar un viaje de tales características, y al resto de la familia. “Ahora nos encontramos en una incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar con nosotros y con nuestro hijo, es súper injusto y estamos desesperados”, asegura el matrimonio con un angustioso tono de voz que, por momentos, se quiebra.

Ante declaraciones de Delgado, que ha asegurado que la gestación subrogada tiene “muchas aristas” porque “se negocia con un cuerpo y un vientre”, la pareja afirma que, al menos en su caso, esto no puede esta más lejos de la realidad y que ellos han mantenido, desde el principio, una “buenísima” relación con la mujer gestante. Asimismo, quieren dejar claro que “no se obliga a nadie” y que, aunque es obvio que estas mujeres obtienen "un tirón ecónomico que les viene muy bien, lo hacen porque quieren".

No obstante, la zaragozana asegura, sin titubear, que a pesar de la difícil situación que están atravesando, “repetiría” porque todos los inconvenientes “merecen la pena”, con tal de tener, por fin, a su tan esperado retoño.