El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha vuelto a anular el pliego de Parques y Jardines, del que depende el cuidado y mantenimiento de los parques de la margen derecha, entre otros, el José Antonio Labordeta, el de Las Delicias, el Oliver o el Pignatelli. El millonario contrato –reserva 68 millones de euros para los próximos cuatro años– ha sido objeto de distintos recursos desde que ZEC intentó sacarlo a concurso el pasado 26 de julio. De hecho, tras las alegaciones de la patronal y de UGT, el gobierno municipal se vio obligado a modificar el pliego de condiciones el 1 de octubre, pero el nuevo documento vuelve a suspenderse ahora por el recurso presentado ante el Tacpa por parte de una empresa del sector, Perica Obras y Servicios S. A.

En su exposición de motivos, la firma alega que en los pliegos se dan "contradicciones" e "incongruencias" en lo referido a la intención de subcontratar centros especiales de empleo o empresas de inserción, dado que esta exigencia se incluye en el ‘sobre uno’ y "estaría anticipando parte del contenido del ‘sobre tres’", con lo que se incurriría en una vulneración de secretos.

El gobierno de ZEC reconoció ayer los "errores" que se introdujeron en la redacción de los pliegos, pero prefirió poner el acento en que el Tacpa "valida íntegramente el contenido de las cláusulas sociales" y que los fallos son únicamente referidos a "cuestiones de forma" (se puso como mera ‘corrección’ lo que debería ser una ‘modificación’).

Vehículos ecológicos

El recurso de la citada empresa, no obstante, también incluía otras objeciones como el hecho de que figurara en los criterios de adjudicación la compra de vehículos con etiquetas ecológicas, algunos de los cuales "todavía no están disponibles en el mercado". Asimismo, censuraba "una serie de obligaciones para el adjudicatario en materia de comunicación y publicidad (...) que genera un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento". El Tacpa ha decidido estimar el recurso y ha declarado "la invalidez del procedimiento licitatorio". El tribunal "no aprecia mala fe" por lo que "no procede la imposición de sanciones" y explica que contra este acuerdo "solo cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón".

Amenazas y pagos

Con este nuevo revés, lo que parece claro es que la millonaria licitación de parques no podrá adjudicarse en lo que resta de mandato, que concluirá con las elecciones de mayo. El contrato con FCC expiró –incluidas todas las prórrogas posibles– el pasado mes de diciembre, y desde entonces se presta el servicio con la fórmula de reconocimiento de obligaciones, es decir, abonando el coste real mensualmente. El erario paga así un importante sobrecoste que, echando un vistazo a las facturas de los primeros meses de 2018, alcanza los 300.000 euros más al mes que cuando el contrato estaba en vigor. En consecuencia, a final de año el sobrecoste podría dispararse hasta los 3,5 millones.

El gobierno de ZEC aseguró el mes pasado que suspendería los pagos a FCC por la contrata de parques, dado que considera que las facturas que gira la empresa "se han incrementado de forma sospechosa". La concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, admitió que el aumento de algunos recibos podría estar justificado (en julio, por ejemplo, hubo que hacer frente a los desperfectos por las fuertes tormentas), pero afirmó que devolvería la factura del mes de agosto. Esta ascendía a 1,3 millones de euros y, según la edil de ZEC, no incluía información detallada de los costes de personal, materiales y proveedores. Sin embargo, a pesar de la amenaza, el gobierno municipal acabó abonando el recibo el pasado 7 de diciembre.

Tanto Artigas como el responsables de Personal, Alberto Cubero, insisten en que el de parques es "un pliego modélico con importantes novedades laborales y sociales", pero hay que recordar que no es la primera vez que las pretensiones del gobierno de Santisteve chocan contra las resoluciones del Tacpa. De hecho, ZEC acumula desde 2015 un total 14 varapalos del organismo que vela por los procesos de licitación de las administraciones públicas: entre otros, los referidos a la ampliación del servicio Bizi o a la ‘operación baldosa’.