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Zaragoza

Los abogados apuestan por solucionar problemas mentales para resolver la violencia machista

Desde el ámbito de la Justicia se ha querido dejar patente la falta de personal en la Administración para atender a las personas.

Imagen de archivo de una concentración contra la violencia de género en Zaragoza.
Concentración en Zaragoza contra la violencia machista.
José Miguel Marco

"Si no se solucionan los problemas de salud mental, no se solucionarán los problemas de violencia doméstica" es la principal conclusión de las Jornadas de Familia que se han desarrollado en Zaragoza con la participación de más de 150 abogados.

Desde el ámbito de la Justicia se ha querido dejar patente la falta de personal en la Administración para atender a las personas con trastornos mentales o diagnosticados como enfermos mentales, ya que se trata de personas que necesitan un seguimiento continuo debido a que el internamiento es muy limitado, informan fuentes del Colegio de Abogados de Zaragoza en una nota de prensa.

"Y lo mismo que sucede con los casos de personas con enfermedad mental, sucede con los de violencia de género", como se ha puesto de manifiesto en la ponencia en la que ha intervenido la juez de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza Mª José Gil Lázaro y la fiscal Clara Pueyo.

Ambas han hablado del régimen de visitas y han concluido que es necesario "garantizar en todo momento la protección al menor, la protección a la infancia y a la adolescencia".

En las jornadas también se ha hecho referencia al nuevo Reglamento Europeo de Régimen Económico Matrimonial que entrará en vigor el 29 de enero de 2019 y por el que se "simplifica la determinación de este régimen cuando exista una repercusión transfronteriza al aplicarse el régimen de residencia habitual".

En este sentido, se hace hincapié en "la importancia de controlar y valorar la repercusión fiscal de los pactos de relaciones familiares en el momento de su elaboración" cuando se producen las rupturas y "todavía más" en los casos de parejas de hecho, ya que, advierten las fuentes, "la complejidad de los efectos patrimoniales de las rupturas de pareja de hecho y la diversidad existente según la comunidad autónoma en la que se resida, lleva a la conveniencia de formalizar un pacto previo a la unión" para garantizar los derechos de ambas partes.

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