Tres profesionales del Derecho especializadas en la violencia contra la mujer han destacado en la mesa redonda “Medidas legislativas para erradicar las violencias machistas de nuestra sociedad” que los casos de agresiones por sus parejas son solo una de las manifestaciones de las múltiples violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo, y han recalcado dos necesidades: contemplarlas todas y educar en igualdad a toda la sociedad, y en particular a los propios jueces y abogados.

La mesa redonda ha reunido este martes a Rosa Fernández, abogada de los servicios de violencia del Colegio de Abogados de Zaragoza y miembro de la asociación Themis; Zita Hernández, secretaria de la Asociación de Mujeres Juezas de España, y Susana Barca, coordinadora del Servicio de Atención a la Mujer del Colegio de Abogados de Zaragoza; con Marta Garú, periodista de HERALDO especializada en Sucesos y Tribunales, como moderadora, informa Maazoom.

El acto, que fue presentado por la jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza,  Ana Gaspar, se ha organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de las actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, continuando la colaboración comenzada en 2016 con las primeras Jornadas sobre “Información y Violencia Machista”.

La moderadora ha destacado en su presentación cómo, para acabar con las violencias contra la mujer, el ámbito jurídico es “uno de los más importantes, tras la educación” y en esta misma idea han incidido todas las participantes.

La abogada y veterana feminista Rosa Fernández ha destacado que la violencia machista “no son sucesos aislados, es una conducta bastante generalizada; más o menos grave, pero que tiene que ver con la construcción cultural de los estereotipos de hombres y mujeres” y así ha resaltado que las normas jurídicas “tienen sexo” y "género" y su regulación y aplicación “no han sido propicios a la igualdad". "Y en el Derecho Penal, menos todavía”, afirmación que ha ilustrado con ejemplos como que solo en 1989 se cambió la calificación de delitos “contra la honestidad” por la de “contra la libertad sexual” o que hasta 1978 estuvo vigente el uxoricidio, delito que cometía el marido cuando asesinaba a su mujer sorprendida en adulterio y que no estaba penado con prisión sino con el destierro. 

Fernández ha incidido en que las leyes han cambiado, pero que “los poderes públicos no han asumido que la causa de la violencia es la desigualdad” ya que en España hay aún “poca sensibilidad hacia los malos tratos” y falta una reflexión sobre “el maltrato de baja intensidad”, que “disculpan tanto los hombres como las propias mujeres”. "Esto es aplicable a los propios operadores jurídicos porque bebemos los mismos vientos que el resto de la sociedad”, ha manifestado.

Por ello, Rosa Fernández ha recalcado la necesidad de que los profesionales se formen en perspectiva de género “que no es otra forma de ver las cosas, es un mandato constitucional”; pero ante todo ha incidido en que “ni la aplicación más exquisita de la Ley va a resolver la violencia de género”, sino que es una responsabilidad de todos, para dejar de pensar “que la falta de respeto en una pareja es un problema interno”. Así ha concluido que “solo una educación muy cuidadosa en términos de igualdad desde la infancia” puede acabar con este problema.

Por su parte, la jueza Zita Hernández también ha destacado que la ley no es la solución a la violencia de género “y menos la penal, que siempre se aplica después” y ha resaltado que lo que se suele entender por violencia de género es solo una de las múltiples “violencias que recaen sobre la mujer por el simple hecho de serlo”.

La jueza ha explicado que esta norma, de 2004, no contempla más que casos muy concretos de lesiones y coacciones “que clamaban a gritos una solución”, condenando con más pena si los realiza el hombre sobre su pareja, y ha señalado que solo con la aplicación en 2015 del Convenio de Estambul, se ha fijado como obligación del Estado atajar todas las violencias sobre la mujer, aunque ha criticado que no se está haciendo todavía lo que se debe al dejar fuera situaciones como el sexting, la mutilación genital o la trata de personas.

Zita Hernández ha llamado “a cambiar el concepto de violencia de género y plasmarlo en sentencias” incluyendo todos los delitos en los que existe “un ánimo de dominación de la mujer” Aunque ha considerado que el Poder Judicial está empezando a despertar, con ejemplos como que el Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar una guía en la que se refiere por primera vez al “maltrato institucional” y llama a cuidar a las víctimas, la jueza ha señalado que “si no nos formamos no conocemos y los jueces carecen de base. No hay un solo tema en sus oposiciones dedicado al principio de igualdad”.

"No hay ámbitos en esta vida que no sean machistas” ha asegurado Zita Hernández, que ha reconocido que ella misma “no entendía” en sus primeros casos a las víctimas de malos tratos. “Y me ha costado formarme, por lo que es preciso comprender las situaciones de desigualdad y que el maltrato viene de una situación de discriminación para evitar que con nuestro comportamiento se sigan perpetuando”, ha dicho.

En este sentido la jueza ha destacado que las leyes autonómicas, como la aragonesa “están a años luz” de la estatal y son más avanzadas y ha pedido una ley estatal verdaderamente integral y con presupuesto, aunque ha señalado que ya se pueden hacer “cambios en el ámbito de la judicatura, que parten del trato a la víctima, acabando con la dependencia de la denuncia y la falsa aplicación del principio de la prueba, que no tiene nada que ver”.

Por su parte, la letrada Susana Barca, ha centrado su intervención en explicar la atención que se presta a las víctimas desde el Colegio de Abogados de Zaragoza, destacando que es más amplio que el que garantiza la Ley estatal, ya que la norma aragonesa también concede asistencia gratuita y acompañamiento a las mujeres víctimas de otros delitos, como agresión sexual, trata o violencia familiar.

Barca ha aportado el dato de que se atienden en los juzgados de toda la provincia, con abogados que han superado un curso específico de formación, una media de dos o tres casos al día aunque la mayoría de delitos no son graves: amenazas, lesiones leves, injurias… y ha destacado la importancia de esta labor señalando que:  “Somos las primeras personas que escuchan el relato de las víctimas y conocemos los problemas a nivel jurídico, social… que se encuentran en su camino”.

Además de explicar su papel en las denuncias, juicios y la imposición de medidas de protección, Barca se ha referido a las novedades que incluye el reciente Pacto de Estado, señalando mejoras como que no se obliga a la víctima a denunciar para acceder a medidas como la movilidad geográfica.