Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, los letrados de la DGA –que ejercen la acusación particular– se mostraban este lunes muy satisfechos con el resultado de las negociaciones. El abogado Juan Pérez Mas, al frente del equipo, destacaba la importancia de haber garantizado al erario la recuperación de un mínimo de 60 millones de euros. Pero recordaba que no es el único logro: "No solo es el dinero, los responsables de esta trama quedan marcados como malversadores".

Los representantes legales de la Comunidad Autónoma tenían claro que en esta negociación no podían renunciar "a ni un solo euro", en referencia a los 147 millones en los que las acusaciones cifran el fraude provocado a Plaza. De ahí que informaran a favor de aceptar la propuesta de Acciona de pagar 60 millones en concepto de responsabilidad civil y discutir los 87 en restantes en un arbitraje. En cualquier caso, este procedimiento, en el que serán tres técnicos los que estudien los contratos e informes y resuelvan si hubo o no algún incumplimiento, no se impulsará hasta que haya sentencia del caso Plaza.