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Zaragoza
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El juicio de Plaza se vuelve a suspender para "rematar" el pacto y sumar más confesiones

La sala se ha constituido, pero los magistrados han decidido la suspensión de la vista, como han solicitado varias partes del juicio, entre ellos la Fiscalía.

El esperado comienzo del juicio del caso Plaza no se producirá finalmente hasta el próximo 10 de diciembre. Por tercera vez consecutiva, la Audiencia de Zaragoza se vio forzada ayer a aplazar la macrovista del mayor procedimiento contra la corrupción urbanística tramitado hasta la fecha en Aragón, con 25 personas en el banquillo y un presunto fraude de 147 millones de euros. El aplazamiento fue propuesto por la propia Fiscalía Anticorrupción, que gana así el tiempo necesario para "rematar" un acuerdo que supondrá la confesión y condena de la mayoría de los encausados.

Los considerados ‘cerebros’ de la trama ya se han mostrado conformes con el pacto, aunque los fiscales y las defensas tienen que concretar todavía las penas de prisión que pedirán finalmente para ellos. La negociación viene además avalada por Acciona, que el pasado viernes se ofreció a pagar 60 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y a discutir en un arbitraje los otros 87 millones que reclaman las acusaciones (Fiscalía, DGA y Plaza).

Al rubricar el pacto, la multinacional reconoce que las personas que puso como gerentes al frente de la UTE Acciona-MLN, los acusados José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, cobraron sobrecostes y cometieron un delito de malversación durante las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Una vez aplazado el juicio, las acusaciones van a aprovechar estas semanas para sumar nuevas conformidades.De hecho, ayer lunes ya se ultimaron al menos otras dos. El pacto incluye rebaja de penas e incluso retirada de acusaciones, como anunció el fiscal José Grinda en la sala de vistas. "Necesitamos tiempo para concretar el pago de la responsabilidad civil, plasmar los acuerdos y porque algunos acusados van a dejar de serlo", manifestó.

Colonques, a título lucrativo

Uno de los últimos beneficiados de este espíritu negociador ha sido Manuel Colonques Moreno, para quien se pedían 5 años y diez meses de cárcel y una multa de 183.000 euros por cohecho y falsedad en documento mercantil. Estos delitos fueron cometidos por Maguitel SL, sociedad de la que el también dueño de Porcelanosa era administrador antes de ser absorbida por Urban Incentives.

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Según confirmó HERALDO, la DGA y Plaza retiraron este lunes la acusación contra él y lo mantienen en la causa exclusivamente como "partícipe a título lucrativo" (como ocurrió con la infanta Elena en el caso de su marido, Iñaki Urdangarín) de un delito cometido por Ricardo García Becerril. Al pacto llegaron después de que Colonques adelantara 636.380 euros.

Además, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera, Eduardo Cativiela, informó en la vista de que también se había alcanzado un acuerdo con Entrerríos Automatización. A uno de sus socios, Enrique González, se le pedían cinco años y diez meses de prisión por el cohecho cometido cuando pagó a las hijas de García Becerril unos 300.000 euros por trabajos ficticios.

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Muchos de los letrados defensores se adhirieron a la petición de suspensión planteada por la Fiscalía. Pero hubo otro grupo que, tras escuchar al abogado Jesús García Huici, optó por no oponerse. El defensor de Miguel Ángel Floría, acusado de malversación, recordó que existe un protocolo firmado en 2009 por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía en el que se detalla cómo deben celebrarse los juicios de conformidad. Destacó dos puntos que, a su juicio, se han incumplido, como es que la Fiscalía cite a "todos" los letrados "conjuntamente" y comunique el escrito de conformidad "al menos diez días antes" del comienzo del juicio.

El presidente de la sala, el magistrado Javier Cantero, indicó que el primer interesado en que no se produzca ninguna indefensión es él y que los protocolos son eso, protocolos que vinculan al fiscal y a los letrados, pero no al tribunal que en materia penal se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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