La gestora de Arcosur 15 no pagó deudas pero se llevó honorarios por 4,9 millones

Puso a su nombre 22 apartamentos de VPO y dejó impagos por valor de 1.247.270 euros. Los dos apoderados fueron detenidos por la Policía la semana pasada.

Los vecinos afectados ya protestaron en 2012 ante la sociedad gestora, ubicada en la calle Zurita, por cobrarles un sobrecoste.
Los vecinos afectados ya protestaron en 2012 ante la sociedad gestora, ubicada en la calle Zurita, por cobrarles un sobrecoste.
Santi Macías

La sociedad gestora de la comunidad de bienes Arcosur 15 cobró unos honorarios cercanos a los cinco millones de euros y dejó impagos por importe de 1,2 millones, según la Policía, que ahora reclama la junta de compensación y una entidad bancaria a unas cien familias que viven en bloques del paseo de los Arqueros y en las calles Dolmen de Tella e Invasores del Espacio.

Además, los apoderados de la sociedad, José Luis S. G. y Dolores V. V., se adjudicaron en las escrituras 22 apartamentos de los construidos por un importe de 2.120.574 euros, cuyas hipotecas se encuentran sin pagar y en estado de morosidad. En la actualidad, el banco no puede ejecutar la hipoteca debido a que los pisos están sin registrar y no se pueden registrar porque son VPO (vivienda de protección oficial) y no pueden estar a nombre de una sociedad.

Así lo entiende el Grupo de Blanqueo de Capitales que ha investigado la denuncia presentada a principios de este año por un grupo de propietarios de Arcosur 15 y que culminó con el arresto de José Luis S. G. y Dolores V. V. La Policía les comunicó que estaban detenidos cuando los citó la semana pasada en la Jefatura Superior para tomarles declaración, aunque ambos se acogieron a su derecho a no hacerlo.

Será el próximo mes cuando comparezcan ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún, que instruye el caso denunciado por los abogados Jesús García Huici y Mariano Tafalla.

La sociedad administrada por los investigados, en vez de crear una cooperativa como fórmula más común para hacer la promoción de viviendas VPO, lo que hizo fue constituir una comunidad de bienes. Y una de las características más relevantes de esta figura es la responsabilidad personal que adquiere cada uno de los comuneros ante las deudas contraídas por la comunidad.

Una vez creada Arcosur 15, los comuneros -principalmente gente joven interesada en tener un piso económico– aportó un dinero y la comunidad de bienes, con unos poderes cuasi absolutos que le atribuyeron, compró la parcela y contrató a las constructoras. Los propietarios fueron respondiendo al calendario de pagos, mientras la sociedad no convocaba juntas ni asambleas para informar de su gestión, aunque se lo requirieron notarialmente. La información que recibían se limitaba a balances y liquidaciones sin posibilidad de ser contrastados por los interesados.

Incluso cuando les entregaron las llaves y les informaron de que la comunidad se había disuelto y liquidado, no fue así y la gestora continuó controlando y teniendo sus cuentas operativas y disponiendo de sus saldos, sin que esto lo supieran los comuneros. Según la Policía, en ese momento se les hizo creer que no existían deudas, cuando la realidad ha resultado ser otra bien distinta.

Jóvenes con los recursos justos en busca de una VPO

"La mayoría éramos jóvenes (han pasado ya diez años) y personas humildes, ajenas a este mundo inmobiliario y lo que queríamos era una vivienda de protección oficial a un precio asequible. Esta promoción nos pareció bien y por eso entramos en 2008 en la comunidad de bienes. En 2012 nos dieron las llaves, nos quedamos cada uno con nuestra escritura y creímos que estaba todo liquidado, pero resulta que, según la Policía, la gestora dejó de pagar más de un millón de euros". Uno de los vecinos afectados por la gestión de José Luis S. G. y Dolores V. V., detenidos por la Policía por presunta apropiación indebida y administración desleal, resumía así este jueves la situación en la que se encuentran.

Admitió que cuando entraron en contacto con la gestora le dieron poderes y en ese momento no vieron ningún problema en ello. "Nos marcaron un calendario de pagos que cumplimos y en 2012 nos dijeron que había un sobrecoste que teníamos que asumir, lo hicimos y todo quedó ahí", recuerda. El problema surgió cuando la junta de compensación les reclamó cerca de 600.000 euros en impagos y la constructora Megaria una cantidad similar. "No entendíamos nada porque la comunidad ya estaba disuelta y no nos habían dicho nada. Nos hemos enterado de la deuda existente cuando ahora nos lo ha dicho la Policía", manifiesta. El asunto está ahora en los tribunales y esperan que se resuelva.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión