Que una terrorista del Grapo, que participó en un atentado que costó la vida a nueve personas, pueda tomar la palabra en un acto celebrado en un edificio municipal resulta aberrante. El Ayuntamiento de Zaragoza no debería permitir que los locales en los que se ha instalado el llamado ‘centro social Luis Buñuel’ se utilicen para actividades que humillan a las víctimas del terrorismo y que hieren la sensibilidad democrática de la mayoría de los zaragozanos.

Carmen López Anguita, terrorista del Grapo, tiene nada menos que nueve asesinatos a sus espaldas. Pero una vez cumplida su condena –que ha sido leve, en comparación con los 280 años de prisión que le correspondían– es, en virtud de las normas que regulan la democracia española, a la que con tanta saña atacó, una persona libre, que puede expresarse por los medios a su alcance, siempre que no vulnere la ley, en cuyo caso deberían intervenir la Fiscalía y los Tribunales. Pero ese derecho de libre expresión no significa, de ninguna manera, que una institución pública, que representa a todos los ciudadanos y al Estado de derecho, como el Ayuntamiento de Zaragoza, deba ni pueda facilitar a una criminal convicta una tribuna para airear sus ideas.

El llamado ‘centro social Luis Buñuel’ se ha instalado en un edificio de propiedad municipal –en condiciones, por cierto, cuya legalidad no está clara– y, por tanto, el Consistorio tiene una responsabilidad sobre lo que allí ocurre. El alcalde Santisteve comete un grave error y demuestra una hiriente falta de sensibilidad al consentir que un edificio municipal, de todos los zaragozanos, sirva para humillar a las víctimas del terrorismo y para escarnecer los principios democráticos. El Grapo representó un terrorismo fanático y sangriento; por ello resulta inconcebible que el alcalde no sea más firme en la defensa de las víctimas. Santisteve debe atender la exigencia de todos los grupos políticos para que impida que tal acto se celebre en ese espacio.