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La última oferta de la Fiscalía Anticorrupción tienta a los 'cerebros' de la trama del caso Plaza

Anticorrupción se reunió esta semana en Madrid con las defensas, que exigen ahora tiempo para estudiar la propuesta.

El fiscal anticorrupción José Grinda, durante uno de los registros practicados en Zaragoza durante la operación policíal en Plaza.
El fiscal anticorrupción José Grinda, durante uno de los registros practicados en Zaragoza durante la operación policíal en Plaza.
Asier Alcorta

La Audiencia de Zaragoza señaló el pasado jueves una nueva fecha para el comienzo del macrojuicio del caso Plaza: el 5 de noviembre. Sin embargo, los 25 acusados del mayor proceso judicial contra la corrupción instruido hasta la fecha en Aragón podrían tardar algo más en sentarse en el banquillo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al tribunal un nuevo aplazamiento para ganar tiempo y tratar de llevar a buen término las negociaciones de "alto nivel" que está manteniendo con los principales encausados.

Según ha podido saber HERALDO, los fiscales José Grinda y José de la Rosa se reunieron este pasado miércoles en Madrid con una docena de letrados de las distintas defensas para ofrecerles un pacto global.Se trataría de un reconocimiento de hechos que todos los ‘cerebros’ de la supuesta trama corrupta deberían firmar a cambio de una revisión a la baja de las elevadas penas de prisión que ahora se les piden.

La Fiscalía Anticorrupción tiene absoluta disposición a negociar, ya que busca una sentencia condenatoria que haga olvidar todas las absoluciones anteriores. Porque el resto de causas abiertas hasta ahora por supuestas ilegalidades en torno a la Plataforma Logística de Zaragoza han acabado en archivo o absolución. Solo hay una condición que la acusación pública ha impuesto: el pacto deben suscribirlo todos los encausados vinculados a las obras de urbanización. De lo contrario, no habrá acuerdo.

La DGA tiene que pronunciarse

Una parte importante en esta compleja negociación es ahora el Gobierno de Aragón, que ejerce la acusación particular como principal perjudicado. Cabe recordar que en su informe pericial cifró en 147 millones de euros el supuesto fraude, cantidad que reclama a los acusados y responsables civiles subsidiarios. Según fuentes próximas a las negociaciones, la propia Acciona –que lideraba la UTE que se formó con la constructora aragonesa MLN para urbanizar Plaza– estaría dispuesta a pactar siempre que se rebajara de forma notable el dinero a pagar.

La propuesta está sobre la mesa, pero se trata de una negociación a tantas bandas que los involucrados exigen tiempo para estudiarla y pronunciarse. De ahí que la propia Fiscalía Anticorrupción se haya dirigido por escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza –que será la que juzgará el caso– para proponerle que retrase unos días el inicio del macrojuicio.

El tribunal que preside el magistrado Javier Cantero todavía no ha respondido, pero dada la entidad de las negociaciones y la enorme trascendencia que estas tendrían, todo apunta a que se mostrará proclive al nuevo aplazamiento.

Picazo estará en el tribunal

El que ya se ha resuelto es el incidente de recusación del magistrado Francisco Picazo, al que el empresario y encausado Agapito Iglesias intentó apartar del tribunal de este caso. A través de un auto que se hizo público este viernes, la Sección Segunda de la Audiencia rechazó la recusación alineándose con el criterio del juez instructor del incidente, el magistrado Mauricio Murillo. Hace unos días, este elaboró un informe de 10 páginas en el que decía no apreciar "base objetiva suficiente" para dudar de la imparcialidad de Francisco Picazo, contra el que Agapito Iglesias, alega, entre otras causas, "enemistad manifiesta".

En su escrito, Murillo dejaba ya entrever la posibilidad de que la actitud de Iglesias a la hora de presentar la recusación fuera merecedora de una sanción, como finalmente ha sucedido. Porque los magistrados han decidido imponer una multa de 200 euros al empresario soriano "por mala fe procesal".

Según el tribunal que ha rechazado la recusación, "la imparcialidad judicial es una garantía esencial" y el derecho a recusar "un instrumento esencial para preservarla". No obstante, este recuerda que "no basta" con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad de un magistrado "surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia". Y no es el caso.

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