El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha lamentado hoy que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, esté "tensionando" la situación con respecto a la modificación del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) para "esconder su incapacidad política" y por "interés electoral".

Según ha dicho el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el alcalde de Zaragoza está haciendo una utilización "absolutamente espuria" de este impuesto medioambiental, que parte de una directiva europea, ha recordado.

Ayer, Santisteve compareció en las Cortes de Aragón ante la comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA, donde avanzó que es muy probable que el Ayuntamiento recurra el ICA ante los tribunales europeos después de la sentencia de hace unas semanas del Tribunal Constitucional en la que se avala la capacidad del Gobierno autonómico de cobrar este impuesto.

Y hoy Guillén ha lamentado que el alcalde quiera llevar la tensión "aún más lejos" cuando el Tribunal Constitucional no le ha dado la razón y tampoco lo ha hecho el Justicia de Aragón, quien manifestó que el ICA es justo y que no supone una doble imposición.

El Gobierno de Aragón no sabe cómo va a articular Santisteve su recurso después de la sentencia del Constitucional, pero Guillén vaticina que es capaz de llevar el asunto "hasta la ONU" con tan de llegar a las elecciones municipales de mayo del año que viene con este tema "sin cerrar".

También ha cargado las tintas contra el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes, con el que, según ha asegurado, hay un acuerdo "prácticamente cerrado" para modificar el ICA que el Ejecutivo no entiende por qué no sale adelante.

El Gobierno de Aragón, ha insistido Guillén, quiere modificar el ICA para que este no sea tan gravoso para los ciudadanos y son "otros" quienes deben responder sobre ello.

El acuerdo "prácticamente cerrado" con Podemos, ha explicado, incluía, entre otras cuestiones, modificaciones para que los aragoneses paguen menos y el impuesto sea más progresivo, con exenciones para familias en riesgo de pobreza.

Podemos, ha considerado, es "rehén" de la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) y "no se atreve" a aprobar modificaciones pactadas con el Gobierno autonómico que, según Guillén, "lleva dos años detrás" de la formación morada y del Ayuntamiento de Zaragoza para sentarse y hablar sobre el ICA.

De hecho, según ha lamentado, el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común "no quiere hablar de ello" en la Comisión Bilateral, para cuya reunión, no obstante, aún no hay fecha después de que el Ayuntamiento cancelara la del 17 de octubre, posiblemente, según el consejero, por la "resaca" de las Fiestas del Pilar.

Guillén, además, ha hecho un repaso histórico de la aplicación del ICA, historia sobre la que Santisteve, ha dicho, parece tener "algún tipo de amnesia".

Y es que como canon de saneamiento está vigente desde 2002 y pasó a ser un impuesto con la modificación de la ley de aguas y ríos de Aragón, que se aprobó por unanimidad en las Cortes cuando gobernaba la popular Luisa Fernanda Rudi.

Se ha venido pagando "pacíficamente" en todo Aragón menos en Zaragoza, ciudad para la que se establecieron una exenciones como consecuencia de que la ciudad había pagado ya con sus propios recursos la depuradora de La Cartuja.

A través de un acuerdo entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento zaragozano, se estableció que para compensar esa inversiones, Zaragoza no pagaría por este concepto entre 2002 y 2016, es decir, catorce años.