CSIF ha pedido al Ayuntamiento de Zaragoza que anule la cesión de una parcela de titularidad municipal, el conocido como ‘solar del conejo’ que está situado en el barrio de La Magdalena, para la celebración de una ‘fiesta antirrepresiva’, programada para este jueves por la tarde.

La central sindical considera que la cita “va en contra de la labor de los trabajadores municipales del Cuerpo de Policía Local” y por ello, a través de un escrito presentado en el área de Servicios Públicos, ha pedido al Gobierno municipal que les informe de quién ha autorizado la cesión, los motivos de interés público para la misma y el plan de seguridad de la fiesta. Todo ello, para solicitar la anulación de la cesión.

La celebración de la ‘fiesta antirrepresiva’ no es nueva. De hecho, este año afronta su tercera convocatoria. En ediciones anteriores ya ha creado malestar entre sindicatos municipales y grupos políticos, pero siempre se ha celebrado y no se han registrado incidentes. En años anteriores las críticas a la fiesta, a la organización y a la cesión del Ayuntamiento habían sido aún mayores, porque tanto policías locales como nacionales consideraban que en los carteles anunciadores eran hirientes porque se les representaba en actitudes violentas.

Además de CSIF, el portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Casañal, también ha lamentado la celebración de esta fiesta que "denigra la imagen de la Policía Local”. Casañal ha pedido al alcalde que “deje de ponerse del lado de los que intentan desacreditar" al cuerpo policial y haga “una defensa pública firme” de la labor y el honor de estos trabajadores municipales ante “los ataques que está recibiendo de determinados colectivos en las últimas semanas”.

La convocatoria de este año se enmarca dentro de la campaña ‘#Zaragozanosecalla’, puesta en marcha a raíz de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza contra el grupo Derechos Civiles 15M y la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) por un presunto delito de injurias.

El procedimiento comenzó la pasada primavera, cuando el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) interpuso una querella criminal contra estas organizaciones por verter “públicamente imputaciones relacionadas con la sustracción de mercancía y la realización de identificaciones de perfil étnico" de la Policía Local de Zaragoza.