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La Fiscalía Anticorrupción busca el 'jaque al rey' en el tablero del caso Plaza

Aprovecha el aplazamiento del juicio para cerrar pactos con acusados ‘estratégicos’ de cara a negociar una confesión del principal encausado: Ricardo García Becerril.

El fiscal José Grinda, en una imagen de archivo, se desplazó esta semana a Zaragoza para reunirse con varias defensas.
El fiscal José Grinda, en una imagen de archivo, se desplazó esta semana a Zaragoza para reunirse con varias defensas.
Guillermo Mestre

La recusación in extremis del magistrado Francisco Picazo por parte del empresario Agapito Iglesias ha supuesto algo más que el aplazamiento del juicio del caso Plaza, el mayor proceso judicial contra la corrupción instruido hasta la fecha en Aragón. Porque al solicitar que se sustituya a este juez alegando "enemistad manifiesta", los letrados del expresidente del Real Zaragoza han obligado a demorar por lo menos un mes el inicio de las sesiones, que estaba previsto inicialmente para el pasado 1 de octubre. Y sin pretenderlo, han dado una clara ventaja a la Fiscalía Anticorrupción, que está aprovechando el ‘tiempo de descuento’ para cerrar los primeros pactos y dinamitar las estrategias de defensa de algunos de los principales acusados.

Cinco años largos de pesquisas han servido para sentar finalmente en el banquillo a un total de 25 encausados, a los que se atribuye un supuesto fraude de más de 140 millones de euros en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), uno de los proyectos estrella de la etapa de Marcelino Iglesias (PSOE) al frente del Pignatelli. Sin embargo, tras los fiascos anteriores –ninguna de las muchas causas judiciales, penales y civiles, abiertas por supuesta corrupción en Plaza han acabado en una condena firme–, la Fiscalía y la propia DGA son conscientes de que esta es su última gran oportunidad. Saben también que una nueva absolución generalizada supondría un verdadero fracaso y daría la razón a quienes les acusan de ‘disparar a discreción’ a la hora de presentar cargos y pedir penas de cárcel. Sin ir más lejos, solo en esta causa los encartados se enfrentan a 195 años de privación de libertad, amén de otros muchos de inhabilitación y multas millonarias.

Pero los fiscales José Grinda y José de la Rosa dicen estar realmente convencidos de que la urbanización del gran complejo logístico de la autovía de Madrid –sobre el que ahora se plantea una ampliación ante la posible llegada de varios gigantes del sector– se vio lastrada por sobrecostes millonarios y obras fantasma, de los que habrían sacado tajada tanto el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril como algunos de los altos ejecutivos de la constructoras que conformaban la UTE Acciona-MLN: entre ellos, los exgerentes José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, y varios directores técnicos y jefes de obra.

Según la Fiscalía Anticorrupción, en el tablero de Plaza hubo también peones, piezas de menos peso pero imprescindibles para ganar la partida. Entre ellos incluye al ramillete de empresarios locales a los que a cambio de un ilícito ‘peaje’ se concedió el derecho a una porción del suculento pastel de Plaza, otorgándoles importantes contratos de suministro. Y es precisamente con estos y con algún que otro acusado de segundo orden con los que ha empezado a negociar para garantizarse una serie de confesiones que obliguen a pactar a los considerados como verdaderos cerebros de la trama.

En un hotel de Conde Aranda

Según ha podido confirmar HERALDO, aprovechando el aplazamiento del juicio, Grinda y de la Rosa han pasado tres días en Zaragoza –de lunes a miércoles– reuniéndose con todo el mundo. Se han visto con el juez instructor del caso, José Ignacio Martínez, y con los letrados con los que comparten la acusación. Pero su principal interés era verse con las defensas de algunos acusados estratégicos, a los que han invitado a pasar por su base de operaciones: un céntrico hotel de la calle de Conde Aranda.

Antes de desplazarse a la capital aragonesa, la Fiscalía Anticorrupción no tuvo reparos en confirmar que había cerrado acuerdos con dos acusados: el ingeniero y jefe de obras de la UTE Acciona-MLN Alejandro Viñuales Larraz (para el que se pedían 5 años y 10 meses de cárcel) y el empresario José Luis Margalejo (que se enfrentaba a 12 años y siete meses). Con la confesión del primero –ahora de baja laboral por ansiedad–, intentaría arrastrar a las constructoras que urbanizaron PLAZA, que se sentarán en el banquillo como responsables civiles subsidiarias.

Defensas que no pactaran

Lo que parece claro es que, caiga quien caiga, ni Acciona ni MLN parecen dispuestas a reconocer culpa alguna. Se juegan mucho dinero –cabe recordar que el juez instructor ya les exigió fianzas millonarias para garantizar el pago de posibles condenas–, pero también su prestigio. Sobre todo en el caso de la multinacional que preside José Manuel Entrecanales, que cotiza en bolsa, lidera el negocio de las infraestructuras y tiene numerosos contratos con la administración.

Dado el nerviosismo reinante entre las defensas, que reprochan a la Fiscalía el "oscurantismo" con el que está negociando, esta parece mostrarse ahora más prudente y no ha querido oficializar más acuerdos. A este periódico confirmó que mantiene negociaciones con otras cuatro defensas, pero se negó a dar nombres hasta lograr rubricarlas. Sin embargo, parece que también estarían prácticamente rematados los pactos de los empresarios Ramón Margalejo y Francisco Hernández, que a cambio de evitar su ingreso en prisión –como ocurriría con los otros dos, ya cerrados– habrían apuntalado la acusación por prevaricación y cohecho contra una de las piezas más codiciadas de la trama: Ricardo García Becerril.

El pasado agosto, Anticorrupción utilizó una entrevista con este diario para tender una mano al exgerente de Plaza. Y sus abogados recogieron el guante, porque ya han entablado conversaciones con la acusación pública para intentar acercar posiciones. García Becerril se juega 23 años de cárcel y sabe que podría arrastrar con él tanto a su mujer como a sus dos hijas. Pero tampoco ignora que la Fiscalía lo necesita para precipitar el castillo de naipes, de ahí que intente vender cara su confesión.

La Audiencia de Zaragoza confía en poder comenzar el macrojuicio del caso Plaza el próximo 5 de noviembre, una vez solventado el incidente de recusación del juez Picazo. Y si todo se desarrolla conforme a los deseos de Anticorrupción, las cosas podrían estar para entonces más claras, porque unos cuantos encausados podrían haber confesado su responsabilidad, arrastrando con ellos a otros. Pero que nadie dé la partida por ganada.

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