La Audiencia de Zaragoza ha puesto por fin fecha al macrojuicio de la bautizada como Operación Diluvio, una investigación del Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que en mayo de 2013 sacó a la luz el complejo entramado ideado por dos peritos zaragozanos para estafar casi dos millones de euros a las compañías de seguros para las que trabajaban. Según la Fiscalía, los cerebros de este fraude fueron Eduardo Pérez Caro y Antonio Bernal Royo, para los que solicita sendas penas de 11 años de cárcel y multas por un total de 700.000 euros.

Pero no lo hicieron solos. La acusación pública está convencida de que para pergeñar este engaño se valieron de un buen número de familiares y amigos: esposas, madres, tíos, sobrinos, socios... Sesenta personas en total para las que el ministerio público pide ahora penas que suman 288 años de prisión. Fueron más los investigados, pero las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 10, con la magistrada María José Bello al frente, confirmaron que algunos de los sospechosos –en su mayoría, gente mayor– ni siquiera sabían que los estaban utilizando para ganar dinero de forma ilícita.

Sin embargo, la Fiscalía está convencida de que hubo encausados que participaron de forma activa en la trama. Personas a las que no les importó mentir y decir que habían sido víctimas de incendios, granizadas, vendavales e incluso de accidentes de tráfico inexistentes para embolsarse importantes cantidades de dinero. Porque una vez que los peritos encausados emitían sus informes y avalaban el engaño, la aseguradora pagaba y todos se repartían las ganancias.

En un extenso y pormenorizado escrito de 125 páginas, la fiscal Paloma Sopeña desmenuza todos y cada uno de los siniestros que los acusados presuntamente falsearon entre los años 2005 y 2012. La relación es larga y evidencia cómo la codicia e incluso la torpeza terminaron por levantar las sospechas de las perjudicadas, entre las que figuran conocidas aseguradoras como AXA, Plus Ultra, Catalana Occidente o Cai Seguros Generales. Sobre todo en el caso del principal encausado, Eduardo Pérez Caro, quien no tuvo reparos en tramitar un sinfín de partes por siniestros que afectaban a su propio domicilio y a los de su entorno familiar más próximo, según la acusación.

Sucesos distintos, fotos iguales

Aunque la casuística es variada, lo cierto es que las filtraciones de agua se convirtieron en una constante, motivo por el que posiblemente la Policía terminó bautizando la investigación como Operación Diluvio.

Según se desprende del escrito de la Fiscalía, la acumulación de faena llevó al cerebro de la macroestafa a descuidarse y usar las mismas fotos para siniestros distintos. Las aseguradoras para las que trabajaba y los investigadores no pasaron por alto este error, iniciando unas pesquisas que destaparon muchos otros engaños. Por ejemplo, que el encausado hinchaba los partes incluyendo a vecinos perjudicados que al consultar las bases del DNI se comprobó que ni siquiera existían. Pero las mentiras no acabaron ahí, se reclamaron miles de euros por granizadas que nunca cayeron o se cobró por incendios que los propios bomberos demostraron que tampoco se produjeron. Según la Fiscalía, Pérez Caro tramitó un parte diciendo que en casa de su madre se había roto un termo eléctrico que había provocado daños de 10.982 euros, cuando la finca tenía agua caliente centralizada.

La trama de los peritos supuso la entrada en prisión provisional de cinco encausados: los dos peritos, uno de sus colaboradores, Ernesto Serrano Sabater, el exjugador del Real Zaragoza Jesús Seba Hernández y el suegro de este, Fidel Polo Enguita. La acusación pública mantiene que el deportista trabajaba como colaborador del despacho de Pérez Caro, vinculación que, según esta, terminó haciéndole partícipe del fraude. Todos ellos quedaron libres al poco tiempo, pero ahora se enfrentan a importantes penas de cárcel.

Cuando declaró en el juzgado de guardia, Pérez Caro confesó el engaño y dijo que se repartió las ganancias al 50% con sus presuntos colaboradores. El también perito Antonio Bernal negó los cargos y aunque reconoció haber tramitado los informes, dijo que todos eran auténticos.Lo mismo hicieron otros encausados, cuyas defensas han solicitado la libre absolución. Todos ellos tendrán ocasión de volver a justificarse en el juicio que ha sido señalado para junio de 2019.