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Zaragoza

ZEC recurrirá la sentencia del IAE mientras que PP y C's exigen modificar la ordenanza

El gobierno dice que aunque el Supremo ratifique el fallo no habrá impacto económico. PSOE y CHA rechazan que los tipos se fijaran con criterios arbitrarios.

Vista de las instalaciones de Saica en la avenida de San Juan de la Peña.
Vista de las instalaciones de Saica en la avenida de San Juan de la Peña.
Aránzazu Navarro

El gobierno de ZEC tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia judicial que ha declarado nulos los coeficientes con los que el Ayuntamiento de Zaragoza cobra el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde 2017. Y lo hará pese a que considera que el fallo, que estima en parte un recurso de Saica y que no es firme, no tendrá impacto económico, frente a PP y C’s, que sostuvieron este lunes que sí que habrá repercusión y que exigieron una modificación de la ordenanza de cara a 2019.

Ante la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que considera "arbitrarios" los coeficientes de la ordenanza del IAE de 2017, el alcalde accidental y concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, defendió que una hipotética anulación "no tendrá un efecto retroactivo". Pero manifestó que si se volvieran a aplicar los índices previos a 2017 podría haber un aumento recaudatorio, dado que antes había coeficientes iguales o superiores a los actuales.

Hay que tener en cuenta que ni el callejero fiscal, que se hizo tras un estudio de la Universidad, ni la adscripción de las empresas a sus siete categorías se han visto afectados por la decisión judicial. El aumento del IAE para muchas empresas estuvo vinculado a la supresión de dos categorías (la 8 y la 9), no a los coeficientes.

La sentencia fue recibida con disparidad de opiniones en la oposición. PP y C’s cargaron contra la izquierda por una ordenanza del IAE que fijó unos coeficientes "demasiado elevados". PSOE y CHA defendieron su acuerdo con ZEC y rechazaron la tesis de que los citados índices se fijaron sin una motivación.

La edil popular María Jesús Martínez expresó su "preocupación" porque a su juicio esta sentencia puede "dañar" el erario. "Queremos que se den explicaciones, porque la sentencia sostiene que ha tomado una decisión arbitraria. Esta forma de actuar de ZEC puede tener consecuencias graves", dijo la edil, que exigió que de cara a 2019 se modifique la ordenanza fiscal.

Para la portavoz de C’s, Sara Fernández, las decisiones de ZEC están generando "una situación de incertidumbre fiscal que perjudica a nuestra ciudad". En este sentido, recordó que su grupo ya propuso unos coeficientes más bajos para las categorías más altas con el objetivo de compensar el cambio en el callejero.

El edil socialista Javier Trívez recordó su apoyo a la ordenanza del IAE y rechazó que los índices se acordaran de forma arbitraria. De hecho, apuntó que entre las categorías 4 y 7 se redujo el coeficiente para evitar un impacto demasiado elevado ante la supresión de los grupos 8 y 9. Lamentó eso sí que ZEC no haya defendido con mejores argumentos en los tribunales la reforma del IAE.

Según Carmelo Asensio, de CHA, los nuevos coeficientes "se pueden justificar suficientemente" y recordó que algunos se redujeron para evitar subidas "descomunales". "Fue una reforma equilibrada, no fue arbitraria", declaró el edil.

Ordenanzas de 2019

Por otro lado, las negociaciones de los cambios en los impuestos y tasas de cara a 2019 siguen atascadas. PSOE y CHA, de quienes depende que salga la propuesta del gobierno municipal, mantienen su posición: no habrá negociación si ZEC no rectifica para permitir a la oposición retornar a las sociedades del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Hasta que no se vuelva a la normalidad no vamos a negociar nada. Ya vale de encastillarse y de victimismos", dijo el socialista Javier Trívez. Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, recordó que la única propuesta del gobierno es un correo de cuatro líneas. "Hasta que no haya rectificación no negociaremos nada", declaró.

De momento, el gobierno quiere aplicar una bajada del tipo de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 5%, hasta situarlo en el entorno del 0,43, con el objetivo de compensar de este modo la subida que con carácter anual se produce en los valores catastrales. Con esta rebaja, los recibos quedarían congelados o bajarían ligeramente.

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