Por si existía poca incertidumbre en torno a la fiscalidad del Ayuntamiento de Zaragoza, con los impuestos de plusvalía y bienes inmuebles cuestionados en diversos frentes, una sentencia puede ahora obligar a revisar también la recaudación por actividades económicas. Ni los derechos de los contribuyentes ni los ingresos de la ciudad deberían estar expuestos a una situación de inseguridad jurídica que resulta dañina para todos.

El Tribunal Superior de Justicia ha estimado parcialmente el recurso de una empresa zaragozana contra los coeficientes que el Ayuntamiento ha aplicado en los dos últimos años en el impuesto de actividades económicas (IAE). La sentencia puede ser recurrida, pero de momento deja en situación incierta otra de las principales fuentes de ingresos del municipio, ya que el IAE aportó a las arcas del Consistorio 27,7 millones de euros en 2017. Como los coeficientes aplicados derivan del nuevo callejero fiscal, revisado en 2016, las reclamaciones de otras empresas podrían ser muy numerosas y terminar afectando seriamente al erario. El Tribunal reprocha al Ayuntamiento que no justificara de manera suficiente los cambios en los coeficientes, lo que apuntaría a una deficiente tramitación administrativa, algo que sería lamentable en un asunto que afecta tanto a la equidad fiscal como al sostenimiento financiero de la ciudad.

Hay que recordar que otros dos importantes impuestos locales han sido puestos también en cuestión. Más de tres mil ciudadanos reclaman la devolución del de plusvalías apoyándose en una sentencia del Constitucional. Y el propio Ayuntamiento ha pedido la revisión del catastro para poder aligerar el IBI. Tal grado de conflictividad en torno a los impuestos municipales no es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, pero resulta indeseable y debería procederse cuanto antes a una clarificación que diera plena seguridad jurídica tanto al municipio como a los contribuyentes.