Zaragoza
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Los fallos en la pulsera antimaltrato obligan a absolver a un acusado de acercarse a su expareja

Las reiteradas falsas alertas del sistema ponen en peligro a las víctimas, pero también pueden llevar al banquillo a inocentes.

Una pulsera tipo que se coloca por orden judicial a los acusados de maltratal.
Una pulsera tipo que se coloca por orden judicial a los acusados de maltratal.
C. I.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza, encargado de juzgar casos de violencia de género, ha absuelto a un hombre que fue juzgado por un delito de quebrantamiento de condena porque no ha quedado demostrado que las dos alertas que saltaron de su pulsera telemática una noche de agosto de 2016 respondieran un intento de acercarse a su expareja, lo que tiene prohibido por orden judicial.

El juez recoge en su sentencia que no se ha acreditado ni el lugar de ubicación del acusado ni los minutos exactos que permaneció en la zona de exclusión, algo que debería haber quedado probado al tratarse de un sistema de seguimiento telemático. Este corre a cargo del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), que tiene un programa informático que se encarga de recoger la ubicación de los implicados vía GPS.

El problema es que desde que este sistema se implantó en 2009 para proteger a las víctimas de violencia de género, las pulseras se han quedado obsoletas, fallan, la señal se pierde de manera frecuente si se está en un sitio con poca señal y se dan falsas alarmas. 

De hecho, el concurso para gestionar el servicio Cometa quedó desierto en noviembre de 2017 porque ninguna empresa se presentó, ya que la oferta era de 12,4 millones de euros, un 30% más que el anterior, pero implicaba renovar unas 1.000 pulseras y mantener un centro con 41 empleados. El entonces Ministerio de Sanidad, de quien dependía el servicio (ahora compete a Vicepresidencia e Igualdad), lo sacó de nuevo a licitación y lo adjudicó el pasado 17 de julio por 12,8 millones a la UTE formada por Telefónica de España S. A. U., Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S. A. U.

En el caso visto por el juzgado de Zaragoza, para el magistrado no consta acreditado que el acusado, J. A. M., entrara en la zona de exclusión de menos de 200 metros de su expareja ni que las dos incidencias que recogió Cometa (una a las 22.31 y otra a las 23.34) obedeciesen a una intención de quebrantar la prohibición judicial. «No consta el lugar de ubicación del acusado ni los minutos exactos en que permanece en zona de exclusión. Consta que el acusado fue llamado por el centro Cometa, pero no pudieron darle instrucciones precisas, dada la falta de entendimiento con el acusado», recoge el fallo.

La abogada defensora de J. A. M., Sonia Ballesteros, argumentó durante la vista que su cliente llamó a Cometa en cuanto saltó la señal de alarma, pero no consiguió entenderse con la persona que le atendió por problemas con el volumen del aparato. Argumentó también que, en relación a la presencia del acusado en la zona de exclusión a las 22.31, del 6 de agosto de 2.016, no constaba ningún plano de situación con la ubicación geográfica del lugar en que saltó el dispositivo del acusado y el lugar donde estaba ubicado el domicilio de la víctima.

Además, resaltó que la mujer declaró que no vio a J. A. M. ese día ni éste intentó ponerse en contacto con la ella por ningún medio. Y desde entonces no ha tenido ninguna noticia por ningún medio. Ante estas evidencias y la falta de pruebas, el juez lo absuelve.

Esta no es la primera vez que un tribunal pone en cuestión la efectividad y el buen funcionamiento de las pulseras telemáticas. Recientemente, la Audiencia de Zaragoza optó por mantener en libertad a Sergio Ángel Pe, condenado a 7 años y medio de cárcel por tirar a su compañera por la ventana, hasta que el Supremo confirme la sentencia. La decisión la tomó a pesar de que se están investigando tres incidencias que ha tenido con la pulsera telemática y que su abogada defensora ha atribuido a «fallos del sistema».

Un sistema que implica al agresor, la víctima y al centro Cometa

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, en activo en España desde 2009, consta de tres elementos: el dispositivo que lleva el agresor, el que lleva la víctima y la vigilancia ejercida desde Cometa.

El agresor debe llevar siempre consigo un brazalete de radiofrecuencia y un dispositivo GPS para poder ser localizado, mientras que a la víctima se le proporciona otro aparato GPS que, además, dispone del llamado botón del pánico para alertar en caso de agresión. En Cometa, se encargan de comprobar que los dispositivos funcionan bien y actuar en caso de emergencia. Cuando salta una alerta, Cometa lo comunica a la Policía o a la Guardia Civil y a los juzgados, que se ponen en contacto con la víctima sea la hora que sea. Luego deben elaborar un informe y remitirlo al juez al día siguiente.

En  Aragón, las mujeres maltratadas cuentan con un recurso complementario y de refuerzo que aporta la DGA por voluntad propia y sin que lo obligue ninguna ley. La filosofía es la misma que la de los dispositivos que se instalan por orden judicial y que gestiona el ministerio competente. El dispositivo GPS es facilitado por el Instituto Aragonés de la Mujer para dar mayor protección a la víctima y disuadir al agresor. Los encargados de valorar la idoneidad del recurso son los equipos del IAM, de la Casa de la Mujer y de los Servicios Sociales Generales de los distintos municipios.

Según datos del Informe elaborado por el IAM con relación a los datos de violencia en Aragón, en 2017 hubo 204 usuarias activas tanto de las pulseras telemáticas como de los GPS proporcionados por la Comunidad.  De ellas, 118 en la provincia de Zaragoza, 41 en la de Huesca y 45 en la de Teruel. 

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