Ecociudad o revienta

La sucesión de polémicas en el seno de la sociedad responsable de la depuración de aguas de la ciudad ha condicionado la gestión de ZEC hasta el punto de que sus nueve concejales han acabado investigados por prevaricación.

Reunión del consejo de Ecociudad
Reunión del consejo de Ecociudad
Oliver Duch

El 25 de enero, sobre las 21.00, reventó un depósito de tratamiento de fangos de la depuradora de La Almozara por la acumulación de toallitas desechables, esas que muchos arrojan inconscientemente al váter sin saber el daño que causan a las cañerías. Ese digestor, como también se le llama y que todavía hoy está en fase de arreglo, puede ser quizá un símbolo de la gestión de la sociedad Ecociudad: de cómo algo supuestamente insignificante, como una toallita, puede causar un absoluto desastre.

En Ecociudad, el empeño del gobierno de ZEC de destituir al gerente de una sociedad para sustituirlo por otro ­–una cuestión menor resuelta sin traumas en el resto de empresas públicas– ha reventado todo el mandato del alcalde Pedro Santisteve y, tras una cruenta guerra de tres años, ha acabado con los nueve ediles de ZEC investigados por prevaricación administrativa. Si fuera un remedo de El Lute, Santisteve podría enarbolar el lema ‘Ecociudad o revienta’: como el desdichado digestor, la política local ha estallado en mil pedazos.

Todo empezó en septiembre de 2015, tres meses después de que ZEC accediera al gobierno local. La concejal de Medio Ambiente y vicepresidenta de Ecociudad, Teresa Artigas, le pidió a Miguel Ángel Portero -un alto funcionario sin significación partidista y que había trabajado para gobiernos de distinto signo– que dimitiera como gerente.

Aunque Ecociudad se dedica fundamentalmente a limpiar alcantarillas y a cobrar el recibo del vertido, ZEC siempre tuvo en esta sociedad su objeto de deseo. El ámbito de la depuración de aguas es una de las especialidades del activismo ecologista, muy presente en ZEC y Podemos, y se trata de un terreno propicio para ensayar municipalizaciones.

Ante la negativa de Portero a irse y sin mayoría en el consejo de administración para removerlo, ZEC declaró la guerra. Ya en octubre, Artigas y el concejal Alberto Cubero se personaron a primera hora en la depuradora de La Almozara –la del digestor–, con el objetivo de denunciar irregularidades en la planta.

Aquel primer empujón, que ponía en jaque la gestión no solo de Portero, sino del PSOE que había aupado a Santisteve a la alcaldía, no se quedó ahí. Tras presionar a Portero para que dimitiera –el propio afectado llegó a hablar de "acoso"–, Pedro Santisteve, a espaldas del consejo de administración de Ecociudad, llevó a la Fiscalía supuestas irregularidades en la planta de La Almozara.

El caso acabó archivado, pero Portero tuvo que soportar la losa de estar imputado durante meses hasta resultar exonerado. Santisteve puso todos los huevos de su consigna electoral de "barrer el clientelismo y la corrupción" en la cesta de Ecociudad para que todo acabara por los suelos.

No hay golpe sin respuesta

Aquel pleito no solo bloqueó aún más el relevo de Portero. La oposición sumó sus votos para una comisión de investigación que concluyó con duras críticas al gobierno y un informe que advertía de la comisión de cinco delitos por parte de Santisteve, Artigas y Cubero en su gestión de la sociedad. La Fiscalía lo archivó, pero como todo en esta historia, no hay golpe sin respuesta.

Tras aquello, ZEC expulsó a parte de los ediles de la oposición en las sociedades municipales para hacerse con la mayoría en los consejos de administración. La decisión abrió una crisis institucional con escasos precedentes. Lo primero que hizo fue destituir a Portero y nombrar a Joaquín García Lucea, un funcionario vinculado al movimiento ecologista, a la lucha contra el ICA y en el que desde el principio había pensado ZEC para dirigir Ecociudad. Portero respondió con una querella criminal que deja al gobierno contra las cuerdas.

¿Y ahora qué? ZEC suspira por que la juez archive el caso cuanto antes para evitarse el trauma de que los nueve concejales tengan que declarar como investigados –lo que antes se conocía como imputados–. Pero, al margen del futuro de la causa judicial, si el clima político estaba emponzoñado, la crisis puede agravarse a menos de un año de las municipales.

En el caso de que la situación procesal de los ediles de ZEC se prolongue, el efecto político puede ser demoledor, con los procesos de primarias y las elecciones a la vista. El PP incluso amaga con una moción de censura sin opciones de éxito. En este contexto, la vida municipal solo podrá ser como una planta de tratamiento de fangos que acaba de reventar.

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