Todos los municipios de la provincia podrán llevar sus basuras al Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, han firmado esta mañana un convenio que permitirá que los municipios de la provincia lleven la basura al Centro de Tratamiento de Residuos (Ctruz) de la capital. Este acuerdo permitirá a las localidades cumplir con la directiva europea de residuos, cuyo horizonte se fija en 2020.

Santisteve ha señalado que el tratamiento de los residuos urbanos de las poblaciones que se adhiera al convenio será "similar al de la ciudad de Zaragoza" y sus habitantes tendrán los mismos servicios en este ámbito. "Zaragoza con este acuerdo es solidaria con su entorno" y "cumple con los compromisos que adquiere", añade.

El alcalde de la capital zaragozana ha destacado que el convenio "refleja un espíritu de lealtad y colaboración" y ha subrayado "la buena sintonía" que existe entre ambas instituciones. Una opinión que comparte también Sánchez Quero, que ha agradecido la firma de este acuerdo, que "va a permitir a los 292 municipios traer los residuos a la única planta que existe en la provincia".

En la firma del convenio se ha recordado la "colaboración institucional histórica" que mantienen, así como el Convenio Marco entre ambas instituciones, cuyo aspecto más conocido es el de las obras de mejora de equipamientos e infraestructuras en los barrios rurales de Zaragoza, que financia la DPZ con 9 millones de euros en tres anualidades. En este convenio se articula el uso de la Ctruz. El convenio recoge las condiciones económicas y técnicas. "Se calcula que el volumen de residuos anual que se llevarán al Ctruz será de unas 80.000 toneladas al año", ha afirmado el presidente provincial.

La Diputación Provincial de Zaragoza presentó hace un año, coincidiendo con el tercer foro de alcaldes, el plan Ecoprovincia, que contempla la construcción de seis plantas de transferencia para recoger los residuos generados en los pueblos y su traslado hasta el centro de tratamiento de Zaragoza (Ctruz). Estas instalaciones se ubicarán "en lugares estratégicos". En concreto, estarán en Paracuellos de Jiloca, La Almunia de Doña Godina, Borja, Ejea de los Caballeros, Alagón y Quinto.

El convenio tiene un plazo de cuatro años, prorrogables a otros cuatro, y la tasa que el Ayuntamiento de Zaragoza devengará por la recepción de los residuos en el Ctruz será la que fija la ordenanza. La DPZ abonará, con cargo a su presupuesto, el coste, que luego facturará a los municipios a los que se prestará el servicio.

Se estima que el precio rondará los 24 euros por tonelada de tratamiento y, tal y como añade el presidente provincial, el coste medio del transporte sería de 14,5 euros por tonelada: "Hay que tener en cuenta que en estos momentos los ayuntamientos de la provincia están pagando una tasa a un vertedero que en 2020 ya no será legal de 15,5 euros, cantidad que habría que restar porque lo dejarían de abonar, por lo que la cifra sería de unos 23 euros por tonelada".

Del transporte, dijo, se harán cargo los pueblos, al igual que del coste del tratamiento: "No es que los municipios vayan a pagar más por el desplazamiento, sino que hay que cumplir con una exigencia europea". Sánchez Quero añade que, si no estuviera la planta de Zaragoza, la provincia se enfrentaría a un "problema muy grave".

Pedro Santisteve ha añadido que "se tiende a que todos paguen igual. Zaragoza no puede subvencionar a los pueblos este servicio, porque tiene que tener en cuenta la amortización, todo el coste de sellado cuando se colmate el vertedero o habilitar nuevos espacios cuando no dé para más. Hay que pensar en la gestión de esos residuos". El alcalde de Zaragoza concretó: "La DPZ se ha prestado a facilitar el servicio a los pueblos y nosotros facilitamos la infraestructura para evitar que se impongan sanciones".

Entre los presentes se encontraba Ramón Duce, presidente de la comarca de Comunidad de Calatayud y máximo representante del consorcio número 5 de gestión de residuos, quien ha expresado su "preocupación" por la saturación del vertedero. Este consorcio atiende a las comarcas de Aranda, Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Valdejalón y Comunidad de Calatayud, y a la propia ciudad de Calatayud: "Apostamos desde el principio por mantener Ecoprovincia, que es la mejor solución. La premura es total".

Por su parte, el portavoz del PP en la DPZ, Francisco Artajona, trasladó su queja por "no conocer las cláusulas del convenio" y señaló que "los ayuntamientos no saben el coste que van a tener que asumir cuando esas plantas de transferencia estén en marcha". Artajona se refirió también a la moción que presentaron en septiembre, y que salió adelante, para instar al Ayuntamiento de Zaragoza no subir la tasa: "Si en este convenio la tasa a los municipios no ha disminuido se habrá incumplido el acuerdo plenario".