El que fuera jefe de la oficina de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Javier V. R., será juzgado a partir de este lunes en la Audiencia Provincial acusado de grabar con cámaras espía a 14 de sus compañeras de trabajo por debajo de la falda en el despacho que ocupaba en el cuartel policial del barrio de La Paz. La Fiscalía le atribuye un delito contra el derecho a la intimidad y solicita para él cuatro años de prisión, seis de inhabilitación, el pago de una multa de 5.760 euros e indemnizaciones por daños morales que suman otros 17.700.

El funcionario fue detenido por estos hechos el 8 de septiembre de 2016, aunque, según averiguó luego la Policía, llevaba grabando a sus compañeras desde febrero de ese año. Al menos eso se puso de manifiesto en las 5.256 fotografías y 244 vídeos que los funcionarios del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía encontraron en su ordenador, tarjetas y dispositivos de almacenaje informático. Además, se hallaron otros 600 archivos que los especialistas no pudieron desencriptar para visionarlos, pero que por el nombre que el acusado les puso es más que probable que fueran de idéntico contenido.

Como recoge el fiscal en su escrito de calificación, los mencionados archivos contenían imágenes de la entrepierna de varias mujeres y su ropa interior. Su forma de actuar era siempre la misma: a primera hora de la mañana y con cualquier excusa relacionada con el trabajo, el acusado llamaba a su despacho a sus compañeras y subordinadas, la mayoría auxiliares administrativas, que vestían ese día falda o vestido.

Entonces, activaba los bolígrafos cámara que había colocado previamente en una papelera debajo de la mesa y dentro de un bolso colgado de una silla estratégicamente situada y procedía a grabarles de cintura para abajo cuando se acercaban a su mesa o se sentaban. Posteriormente, archivaba las imágenes. En el registro del despacho de Jesús Javier V. R. se hallaron dispositivos de grabación, ‘pendrives’ y tarjetas de memoria.

Cuando declaró ante la juez que instruyó el caso, el acusado negó tajantemente que usara las tres microcámaras que la Policía halló en su despacho para obtener imágenes de sus compañeras de trabajo sin su conocimiento. Es más, aseguró que las mujeres sabían que grababa por «razones de seguridad», dado que como responsable de la oficina que tramita los expedientes sancionadores de tráfico estaba expuesto a recibir coacciones.

Pero, para la Fiscalía, todas las grabaciones se hicieron sin el consentimiento de las afectadas y mantiene que Javier V. R. es autor de catorce delitos de vulneración de la intimidad. La acusación particular, que ejerce la abogada Olga Oseira en nombre de ocho de las afectadas, le atribuye ocho delitos continuados contra el derecho a la intimidad y pide tres años de prisión por cada uno de ellos y 38.600 euros de indemnización.

A raíz de su detención, el Ayuntamiento de Zaragoza suspendió a Javier V. R. de empleo y sueldo. Sin embargo, seis meses después, fue reubicado en el Servicio Jurídico de Mercados, encargándose, entre otras cuestiones, de las licencias y permisos de la venta ambulante en la capital aragonesa.