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La DGA tomará medidas si Urbanismo suspende hoy la licencia de los juzgados

El Ejecutivo, que ya ha sacado a concurso la reforma, sopesa acudir a los tribunales. Toda la oposición municipal pedirá esta mañana la retirada del expediente del orden del día.

Las obras que ya ha sacado a concurso la DGA afectan a la parte nueva de los antiguos juzgados.
Las obras que ya ha sacado a concurso la DGA afectan a la parte nueva de los antiguos juzgados.
O. Duch

Se avecina un nuevo conflicto entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. En la comisión municipal de Urbanismo los grupos votarán hoy la suspensión del procedimiento para conceder la licencia con la que la DGA pretende reformar los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El Ejecutivo autonómico ya había sacado a concurso las obras para acondicionar el inmueble, vacío desde 2013 y llamado a acoger la sede del Departamento de Derechos Sociales. Sin embargo, el edil de ZEC Pablo Muñoz sostiene que el suelo es de titularidad municipal, que el Pignatelli incumple el acuerdo para compartir este espacio y asegura que "antes de vernos en problemas mayores, con adjudicatarios y obras empezadas, lo mejor es suspender la licencia".

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, dijo ayer que la DGA "estudiará las medidas administrativas o incluso judiciales" si finalmente el Ayuntamiento suspende la licencia. El Ejecutivo está "expectante" y no descarta interponer los recursos a los que tenga derecho "en defensa del interés del propio Gobierno y de la ciudadanía". La DGA recuerda que la tramitación de una licencia es "un procedimiento reglado administrativo" y dice que tiene "poco sentido" suspenderla por el hecho de que no ha habido negociación.

Considera –además– que es al Ayuntamiento a quien más le debería de interesar las obras para dar nueva vida a los juzgados, pues supondría una inyección económica de 1,3 millones, amén del paso diario de cientos de funcionarios, en una zona que está languideciendo y precisa reactivarse. El expediente que hoy se lleva a la comisión señala que "en el ejercicio del principio de autotutela municipal para defender los intereses públicos consistentes en el derecho a la reversión de los bienes cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento (...) se considera que suspender la licencia es la medida cautelar menos restrictiva".

Sin informes de la jefatura

ZEC busca con este golpe de efecto obligar a la DGA a firmar un convenio en el que se detallen las inversiones y los futuros usos de los juzgados. No obstante, es probable que la oposición sume esta mañana sus votos para o bien pedir la retirada el expediente o bien dejarlo encima de la mesa –lo que tampoco conllevaría una votación– porque consideran que faltan informes.

De hecho, el portavoz del PP en la comisión, Pedro Navarro, explicaba ayer que le sorprende que el documento esté firmado por el coordinador del área y no por la jefa del servicio de licencias. Los populares preguntarán por esta circunstancia a Muñoz y pedirán que se añada al expediente un informe del servicio de licencias. Asimismo, Navarro critica el oscurantismo de las negociaciones entre el consejero Fernando Gimeno y el propio Pablo Muñoz, que supuestamente comenzaron en el año 2016 pero de las que "no se ha informado al resto de grupos".

Por su parte, el PSOE considera que esta treta de ZEC "suena a chantaje" y argumenta que una licencia se concede o no si se cumplen una serie de requisitos pero no "en función de una negociación política".

Alberto Casañal, concejal de Ciudadanos, también juzga fundamental que el expediente que se debate hoy cuente con un informe de la jefatura del servicio de licencias y asegura que lo importante es "no incumplir un acto reglado". Recuerda Casañal que en este mandato ya ha habido que dejar sobre la mesa expedientes controvertidos –por su vertiente política– como los de Torre Village o Averly.

"Nos parece sorprendente que se quiera suspender la licencia en base a un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo en lugar de a una norma urbanística", afirma el edil de CHA Carmelo Asensio, para quien la justificación que se hace por parte de Urbanismo, falta de avances en la negociación, "da la sensación de que es más una rabieta".

Las obras que la DGA ya ha sacado a concurso afectan a los suelos de la ampliación de los antiguos juzgados (en las calles de Danzas, La Virgen y Convertidos) y deberían comenzar después del verano. La intención es que Ayuntamiento y DGA compartieran el edificio, que tendría usos administrativos por las mañanas (como sede del IASS) y culturales por las tardes (como centro cívico del Casco).

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