Nueve españoles implicados, incluido un policía

Imagen de archivo de uno de los negocios vinculados a una de las cabecillas de la trama.
Imagen de archivo de uno de los negocios vinculados a una de las cabecillas de la trama.
Asier Alcorta/ Heraldo

El caso de la mafia china sentará en el banquillo a más de un centenar de asiáticos, pero entre ellos también habrá nueve españoles, incluido un miembro de la Policía Local de Zaragoza. Los investigadores llegaron a detener por estos hechos a un segundo guardia municipal, así como a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, contra estos últimos no se han presentando finalmente cargos.

La Fiscalía menciona en su escrito de calificación la condición de policía local de Fernando S. C., pero hace constar que este actuó siempre "a nivel particular", sin prevalerse de su empleo. El ministerio público pide tres años de prisión para el agente, al que acusa de un delito de falsedad continuado por la supuesta contratación fraudulenta de dos mujeres chinas como empleadas del hogar.

Según la acusación pública, el funcionario cedió también un domicilio de la capital aragonesa para empadronar a 13 personas, en su mayoría procedentes también de China. Por todas estas gestiones, calculan los investigadores que este hombre habría obtenido al menos 1.500 euros.

Entre los otros ocho españoles encausados figuran un matrimonio y su hija. María Ángeles S.R., se enfrenta también a una petición de cárcel de tres años, ya que la Fiscalía cree que conocía a una de las cabecillas de la organización y se encargaba de suministrarle domicilios donde empadronar a los asiáticos, así como empresarios que estuvieran dispuestos a facilitarles falsos contratos.Para su marido, Miguel L. S., pide la misma condena, mientras que para la hija solicita 20 meses.

Al analizar los expedientes fraudulentos, la Policía comprobó que en 145 aparecía la firma de una funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza destinada en la Casa de las Culturas (lugar en que el tramitaban los certificados de arraigo).Sin embargo, un perito caligráfico certificó que la trama había falsificado la rúbrica de esta mujer, que nada tenía que ver con el entramado. Los escuchas telefónicas permitieron saber que los encausados se referían muchas veces al "viejo", en referencia a otro funcionario municipal, pero no se llegó a identificar a esta persona.

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