El Ayuntamiento exige 2,4 millones a la contrata del bus por los abonos de empleados y familiares

En total, unas 2.500 personas se han beneficiado de 3,2 millones de usos gratuitos entre julio de 2013 y diciembre de 2017. La empresa se opone al pago y presenta un recurso ante los tribunales.

Un autobús de la línea 40, el pasado sábado, durante las horas de huelga del bus.
El Ayuntamiento exige 2,4 millones a la contrata del bus por los abonos de empleados y familiares
Raquel Labodía

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado este viernes requerir a la concesionaria del bus urbano, la empresa Avanza, el pago de 2,4 millones de euros por los abonos gratuitos de transporte de los que disfrutan los trabajadores de la compañía y sus familiares. El periodo reclamado comprende desde el inicio de la contrata, en julio de 2013, hasta diciembre de 2017. La empresa ya ha presentado un recurso ante los tribunales para evitar este desembolso.

Este asunto es viejo y ya suscitó polémica en la pasada corporación, cuando el PSOE, entonces en el gobierno municipal, hizo un planteamiento similar. De hecho, se llegaron a reclamar a la concesionaria más de 20 millones de euros por este concepto en el marco del proceso de lesividad que impulsó el Ayuntamiento en el año 2014. Estos pases gratuitos, que están recogidos en el convenio colectivo de la empresa, se remontan a los orígenes de la concesión del bus, en el año 1982.

En opinión del Consistorio, los pliegos de condiciones de la actual contrata establecieron que ese beneficio social lo debería asumir la empresa, no las arcas municipales. Pero al final los trabajadores y sus familiares han seguido viajando gratis en el bus urbano sin que el Ayuntamiento de Zaragoza haya recibido ninguna compensación.

Según consta en el expediente, en total se reclama el pago de 3.252.165 usos del autobús urbano, de los que 2.502.893 son de familiares. Si se aplica un precio de 0,74 euros, que es el coste de cada viaje con tarjeta bus, salen los 2,4 millones de euros. Con los datos de 2017, el número de viajes gratuitos que han disfrutado empleados de Avanza y sus familiares (742.720) representa el 0,83% del total (88.993.834).

En 2016, hubo 678.635 viajes de empleados y familiares, mientras que en 2015 se computaron 761.648 usos. En 2014 la cifra fue 770.536 viajes y, en 2013 (desde julio), 298.896. La recaudación global por venta de billetes y abonos que tuvo el servicio en 2017 ascendió a 46,8 millones de euros.

Beneficio social

El Ayuntamiento quiere que los 2,4 millones de euros se salden mediante el abono directo. Respecto a las cuantías que se generen a partir de este año, el Consistorio defiende que las cantidades se añadan a la recaudación por venta de billetes, bien mensualmente o en la liquidación de diciembre. "Así cumplimos el pliego de condiciones. Es un beneficio social y por tanto corresponde a la empresa abonarlo", dijo la concejal de Medio Ambiente y de Movilidad, Teresa Artigas.

Respecto a la tardanza en hacer este requerimiento, Artigas explicó que se es consciente de la situación desde principios de 2016, momento en que se empezaron a hacer los informes técnicos. Hubo un primer requerimiento, por valor de 1,8 millones de euros y que afectaba al periodo comprendido entre 2013 y 2016, que la empresa ya rechazó y que ha decidido judicializar. Se opone al requerimiento por suponer "desviación de poder" y "carecer de base contractual y legal". Además, califica de "arbitraria" la forma de calcular la cuantía reclamada.

Según figura en el informe del servicio de Intervención, Avanza consideró que "no recolecta ni ingresa cantidad alguna por el uso que sus trabajadores y familiares hacen del servicio público". Según alegó la compañía, este derecho de los empleados ya estaba recogido en el convenio colectivo en el momento en que se les adjudicó el contrato, por lo que no pueden ser descontadas de los importes a los que según su criterio tiene derecho.

"El Ayuntamiento únicamente puede detraer de la concesionaria las cantidades recolectadas, esto es, aquellas que sean efectivamente ingresadas a Avanza por parte de los usuarios", informa la empresa, que insiste: "No puede pretenderse que la concesionaria abone al Ayuntamiento unas cantidades que no recolecta y no le suponen ningún ingreso".

Frente a esta tesis, los técnicos municipales sostienen "que no es de obligación para el Ayuntamiento de Zaragoza soportar el coste que supone la gratuidad de viajar en autobús por parte de los trabajadores". El propio interventor, que da el visto bueno a la reclamación, deja claro en su informe que el contrato con la empresa "recoge que en ningún caso el Ayuntamiento asume los bonos de transporte gratuito a los empleados de la empresa y sus familiares".

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