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"Somos los que damos la cara en los asuntos judiciales y a los que nos la parten"

Los letrados de la Administración de Justicia salen a la calle para reivindicar un salario adecuado a las competencias que asumieron en 2009 y que no les han sido reconocidas en su retribución.

Un momento de la concentración celebrada este miércoles ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Un momento de la concentración celebrada este miércoles ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.
José Miguel Marco

Los letrados de la Administración de Justicia (antes denominados secretarios judiciales) han salido este miércoles a la calle para reivindicar la "deuda" salarial que entienden que se les debe desde 2009, cuando se hicieron varias reformas legislativas con las que se les atribuyó nuevas competencias procesales pero no nuevas retribuciones acordes con ellas.

A partir de entonces fueron ellos los que asumieron las ejecuciones de sentencias, los lanzamientos y embargos, sumados a las entradas y registros o levantamiento de cadáveres que ya hacían. "Somos los que damos la cara en todas estas cuestiones y a los que nos la parten", ha manifestado Carlos Artal, letrado del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza, que fue el encargado de poner voz a esta protesta convocada a nivel nacional.

Una treintena de los aproximadamente 80 letrados de la administración que hay en Zaragoza se ha concentrado ante la Audiencia Provincial para reivindicar la adecuación salarial a estas funciones que desempeñan. Los profesionales reivindican que se les considere como el verdadero cuerpo de la escala superior A1 de la Administración que son y su salario se adecue a las responsabilidades que asumen. "Estamos al mismo nivel que los inspectores de Hacienda, de Trabajo, jueces y fiscales y somos los que menos salario tenemos y más responsabilidades detentamos", ha señalado Artal.

Además del sueldo –asegura que cobran una media de 2.200 euros–, ha destacado que su complemento de productividad es de 50 euros brutos al mes mientras que en Hacienda esta cuantía se puede elevar hasta los 1.000/1.500 euros mensuales, y en el resto de Administración la más baja es de 300.

Ha admitido que algunos avances tecnológicos como la grabación de los juicios les ha liberado de estar en las salas y utilizar ese tiempo en otras tareas, pero recordó que estas mejoras no son suficientes. "Si nos comparamos con Hacienda o con la Tesorería General de la Seguridad Social ellos van en moto y nosotros en burro. Así de triste", ha dicho.

Ha incidido en que esta reclamación, nacida de la asamblea de Madrid, es de todo el cuerpo de letrados de España (unos 4.200), que la han planteado a todos los ministros de Justicia de los últimos nueve años y ahora lo hacen a Rafael Catalá.

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