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Los usuarios del albergue protagonizan 171 agresiones y peleas en los tres últimos años

El gobierno de ZEC destaca que los incidentes han caído casi un 70% mientras que el PP dice que se desincentiva su uso.

Albergue de Zaragoza.
Zaragoza activa el protocolo de emergencias por frío en el albergue municipal
Ayuntamiento de Zaragoza

El albergue municipal de Zaragoza ha sido escenario de un total de 171 agresiones, peleas y amenazas desde el año 2015. Así lo atestiguan los registros del Ayuntamiento, que sin embargo reflejan un notable descenso en el número de incidencias protagonizadas por los usuarios de este servicio. Si hace tres años se registraron 90 casos, en 2016 fueron 42, mientras que en 2017 se quedaron en 29. Desde el mes de enero hasta el pasado viernes 16 de marzo ha habido que intervenir en otras diez trifulcas.

Los datos los facilitó la concejal de Derechos Sociales, Luisa Broto, en la comisión del área celebrada ayer en el Consistorio. Para la edil de ZEC, este descenso progresivo "pone en valor el trabajo realizado" en el albergue, teniendo en cuenta que "se trata de un centro de alta capacidad" donde hay que trabajar con "problemas asociados a la pérdida de vivienda, a la pérdida de vínculos familiares, problemas de salud mental, deterioros cognitivos...", defendió. "Manejar estas situaciones –apuntó Broto– supone un reto de gran complejidad".

Lejos de este entusiasmo, la portavoz del PP en materia de Derechos Sociales, Reyes Campillo, criticó la falta de informes sobre estos casos y la opacidad del equipo de gobierno. "Quiero saber qué está pasando allí, porque la gente prefiere ir al refugio antes que al albergue", aseguró. Además, y en cuanto a las cifras de agresiones, Campillo reclamó el objetivo de "cero incidencias", algo que a su juicio "ocurre en otras instituciones".

Pese a la mejora de los datos, este recurso municipal sufrió algunos de sus peores incidentes el año pasado, cuando hubo que lamentar una agresión sexual, otra tentativa y varios episodios de golpes a los trabajadores del centro, según denunciaron desde el sindicato CSIF. En este sentido, Broto defendió que, en la actualidad, "existe un plan de reforma del albergue, otro de ‘sinhogarismo’ donde se trabajo codo con codo con las entidades sociales, y un tercero de convivencia de los usuarios".

Incumplimientos del contrato

La comisión de Derechos Sociales sirvió a su vez para analizar el informe emitido por la oficina de control financiero sobre el cumplimiento del contrato de servicios del albergue. Según el interventor municipal, la empresa adjudicataria está cumpliendo de manera satisfactoria con los pliegos del concurso. Tan solo se han detectado algunas irregularidades, como la falta de ejecución de determinadas mejoras propuestas por el adjudicatario.

En concreto, no han suministrado ciertos alimentos adaptados a la "diversidad cultural de los usuarios", ni se ha facilitado el uso de una tostadora, ni la inversión de 1.000 euros anuales en actividades para el centro. Sin embargo, la cláusula que quizá más preocupa es la referida a la ratio de personal. En el periodo de prórroga del contrato, "la adjudicataria se comprometía a incrementar la plantilla mínima prevista en los pliegos de condiciones de limpiadores y auxiliares en 14 horas semanales", algo que según Intervención no está ocurriendo. Luisa Broto señaló que esta información se trasladó a la dirección del albergue para corregir la situación.

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