El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, se reunió ayer con entidades sociales para dar un impulso al borrador del programa que abordará el problema de la ocupación de las viviendas vacías de los bancos en la ciudad. Híjar informó de que desde en 2015 se han atendido 117 expedientes, pero este dato "es solo la punta del iceberg" porque un mismo caso afecta a más de una familia y porque habrá muchas situaciones que queden al margen del conocimiento municipal.

El Ayuntamiento medió en 2017 en más 30 casos de ocupaciones y el concejal de ZEC destacó que el 90% de estas están relacionadas con casas en manos del sector financiero y grandes grupos inmobiliarios. Aclaró –además– que la oficina no se encarga de casos de domicilios privados porque "ocupar esas viviendas se considera robo con violencia o allanamiento de morada". Así, Híjar considera positivo que la administración "deje de mirar hacia otro lado" para "evitar que muchas familias, que no tienen el título de propiedad ni contrato de arrendamiento en sus viviendas habituales, acaben en la calle". En este sentido, el programa contempla un diálogo "para resolver los casos a través de mediación (por ejemplo los de las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas) y buscar alternativas antes que recurrir a la vía judicial".

Diversas entidades como Cáritas, la Fundación Ozanam, algunos sindicatos o la Asociación de Promoción Gitana hicieron ayer sus propuestas de cara a articular un protocolo, que tras su redacción definitiva deberá ser aprobado por el gobierno de Zaragoza. Híjar considera que el programa contará con el apoyo del resto de grupos de la izquierda municipal, pues destacó que en el presupuesto recién aprobado había una enmienda socialista valorada en 200.000 euros para apoyar el programa que ahora se define.