Zaragoza

Seis extrabajadores de Arcelor Mittal reconocen que admitían 'propinas' de camioneros para que no hicieran cola

Dicen que eran pequeñas cuantías y niegan que estafaran 10 millones de euros al primer productor mundial de acero.

Los acusados, en las dos primeras filas, en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los acusados, en las dos primeras filas, en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
José Miguel Marco

No eran regalos ni sobornos sino "propinas" por hacer que los transportistas que descargaban chatarra en la empresa Arcelor Mittal no hicieran colas de hasta "cinco y seis horas" por dejar su mercancía y también por "no mirar con lupa" el material que llevaban. Dos clasificadores de chatarra y cuatro palistas, pulpistas o gruístas empleados en la planta siderúrgica de La Cartuja Baja de Zaragoza (y que fueron despedidos al descubrirse esta presunta trama) han admitido este lunes que entre 2012 y 2015 cobraron –de transportistas pero también de empresarios de la chatarra–, distintas cantidades de dinero por hacer pasar más rápido sus camiones para que pudieran hacer más viajes.

Así lo han declarado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que los juzga junto a otras siete personas por una presunta estafa que la Fiscalía y la acusación particular cifran en 10 millones de euros. Todos fueron detenidos en 2015 en la Operación Lingotes y ahora se enfrentan a penas de entre nueve meses y seis años de prisión, en función del grado de responsabilidad y beneficio obtenido.

Uno de los clasificadores, Francisco Javier B., ha admitido que hacía la "vista gorda" sobre la cantidad de materiales estériles que iban mezclados con la chatarra para que los camiones pasaran "más deprisa" por la báscula y eso le fue gratificado una vez con 1.000 euros y otro año con 2.000.

Penalizaciones "exageradas"

Otro de los seleccionadores, Juan Carlos A., ha explicado que la empresa penalizaba a los proveedores con descuentos en el precio según la cantidad de materiales estériles que llevaban. Esta práctica es habitual en el sector pero, a su juicio, el descuento que Arcelor Mittal imponía era "exagerado". Por esa razón, él decidió por su cuenta hacer descuentos "más justos" y, a cambio de eso la multinacional "no perdía", sino que "ganaba menos" y él cobraba a seis empresas, las cuales ha citado y que no están entre las tres cuyos propietarios están siendo juzgados.

Juan Carlos A. -que está condenado a tres años y medio de prisión por haber contratado a dos sicarios para dar una paliza al acusado Francisco Javier B.- ha expuesto que al principio les pedía 300 euros al mes pero terminaron siendo entre 800 y 1.000 mensuales a cada chatarrería. En total, reconoció que se embolsaba un sobresueldo mensual de 6.000 euros. Solamente este acusado ha hablado de estas cifras, ya que el resto ha hecho alusión a cantidades más modestas (desde 50 euros de manera ocasional, hasta dos que admitieron que cobraron 600 en un año y otro que ingresó 2.000). Pero, en todo caso, cuantías muy alejadas de los 10 millones de euros que mantienen las acusaciones.

Sus afirmaciones han sido corroboradas en cierta medida por el transportista Félix M., que ha dicho que pagaba entre 200 y 300 euros mensuales a los clasificadores para que le "colaran" por delante de otros camioneros. "Yo ganaba cuatro euros por viaje y tonelada (unas 25 por camión). Si no hubiera pagado habría hecho dos viajes por día y habría estado el resto del tiempo esperando en la cola. Las propinas se siguen dando en todos los lados", ha manifestado ante el tribunal.

Empresarios "arruinados"

Arcelor Mittal, número uno mundial en la producción de acero, tiene una planta en la Cartuja Baja de Zaragoza para la que trabajaban los acusados, bien como empleados o proveedores. La empresa compra diariamente chatarra de distintas calidades que las empresas llevan a sus instalaciones, donde se pesa a la entrada y la salida. Los clasificadores toman muestras de las cargas y determinan el porcentaje de material estéril, que es descontado del precio acordado. Según la Fiscalía, los acusados en este proceso se pusieron de acuerdo para añadir más desechos sabiendo que los seleccionadores no iban a detectarla a cambio de los sobornos que les abonaban.

Los empresarios que están siendo juzgados, Salvador C., José María G. y José C. D., han negado rotundamente los hechos y han señalado que jamás pagaron a nadie, ni conocían siquiera a los empleados de Arcelor Mittal que están siendo juzgados junto a ellos. José C. D. dijo que como consecuencia de este proceso tuvo que cerrar la empresa y está arruinado. Acusó a la multinacional de aprovechar su situación en el sector para tenerlos como "esclavos". "Impone su autoridad y te descargan cuando quieren", ha dicho y ha añadido que había determinadas empresas chatarreras "privilegiadas" y con relaciones "especiales" con la multinacional, en perjuicio de los demás, a los que descuenta "lo que quiere".

Los abogados defensores, entre los que se encuentran Enrique Trebolle, José Luis Melguizo, Javier Notivoli, Cristina Ruiz Galbe o Juan Monclús, solicitan la absolución de sus defendidos porque no cometieron ningún delito y no perjudicaron a la multinacional. Varios de sus clientes han señalado que fueron presionados por la Policía para declarar al principio que era cierto que anotaban más cantidad de metal del que llevaban los camiones y cobraban a cambio de no detectar el material estéril.

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