La Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) sostiene que tendrá que acometer "obras extraordinarias" en el edificio del antiguo conservatorio de la calle de San Miguel, que compró al Ayuntamiento de la capital por 2,2 millones de euros, por la existencia de "defectos estructurales". Así consta en un informe presentado por la mutua, que llegó a plantear incluso una rebaja en el precio de 250.000 euros, que será el coste de los trabajos. El Consistorio negó la existencia de "un vicio oculto" en el inmueble y descartó cambios en el precio, pero sí ha aceptado un aplazamiento en los pagos.

La operación se remonta a julio de 2017, cuando el Ayuntamiento acordó la venta del edificio después de meses de negociaciones. Según apuntaron ayer desde la mutua, la compra aún ha sido efectiva, aunque lo será en fechas próximas. Esta entidad quería ampliar sus instalaciones de Sancho y Gil, su sede social en la capital. Pero el 27 de diciembre de 2017 la entidad informó al Consistorio de que el edificio tenía deficiencias, según constaba en un informe técnico encargado por la MAZ.

"Dichos defectos consisten en problemas con la cimentación del edificio que pudieran afectar a la habitabilidad y seguridad del mismo para el uso administrativo y asistencial al que se va a destinar", informó la MAZ a los responsables de la Gerencia de Urbanismo. Explicó que iba a tener que afrontar "el recalce de la cimentación" mediante la ejecución de "micropilotes y encepados" capaces de absorber las cargas y garantizar la estabilidad del edificio. Por otro lado, añadió que existían humedades en la cubierta del inmueble "que se han extendido a la estructura, oxidando vigas principales y viguetas que confirman los forjados".

Según la mutua, estos defectos eran desconocidos por las partes "y no han podido ser observados por MAZ hasta fechas después de valorar por el Ayuntamiento el precio de la operación, viciándose el precio de la compraventa". Indica además que la entidad tendrá que acometer "unas obras extraordinarias en la estructura del edificio para que pueda ser utilizado para el objeto de la compra". Estos trabajos supondrían un coste de 250.000 euros. No obstante, según la entidad, este sobrecoste no pone en riesgo la operación, ya que esta sigue estando "dentro de los precios de mercado".

La comisión permanente de la MAZ reclamó al Ayuntamiento de Zaragoza que "en el caso de que los servicios competentes de Urbanismo entiendan que no existe riesgo de seguridad en el edificio, se pueda certificar por técnico competente". Si esto no es posible, reclama que "se minore del precio de la compraventa el coste de la rehabilitación". Se acepta que se plantee el cambio en el mismo expediente de enajenación o bien que se abra uno nuevo "para valorar el precio justo conforme a dichos problemas".

La arquitecta de la unidad técnica de proyectos y valoraciones de Urbanismo emitió informe técnico el 8 de febrero y rechazó que el edificio tenga los problemas que denuncia la MAZ. Visto el informe geotécnico, sostiene que la propuesta de refuerzo estructural que plantea no está vinculada a "un vicio oculto", dado que "se trata de una recomendación basada en la experiencia de situaciones en otros edificios del entorno". "No responde a causas sobrevenidas con posterioridad al acuerdo alcanzado entre las partes", declaró.

Al final, según figura en el expediente, la MAZ asumió los 2,2 millones de precio de venta, pero solicitó un aplazamiento de pago por el "sobrecosto" que iba a tener que asumir. El gobierno aceptó la petición el pasado viernes. El Ayuntamiento de Zaragoza y la entidad acordaron que el 20% del precio de la enajenación se abonara en el momento de formalización de la escritura pública, durante el primer trimestre de 2018. El 80% restante se tendrá que satisfacer con la entrega de la licencia urbanística y de apertura y se avanzó un calendario de ejecución del proyecto entre el segundo semestre de 2018 y 2019.