La Audiencia de Zaragoza ha dado ya los primeros pasos para poner fecha a la celebración del juicio por presunto fraude en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), un proceso que sentará en el banquillo a 25 personas, entre responsables políticos, empresarios y técnicos.

El tribunal zaragozano ha hecho público un auto en el que admite algunas de las pruebas periciales planteadas por las partes con carácter previo a la celebración del juicio, con un plazo máximo para su presentación de 45 días.

Los magistrados solicitan, además, al Letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial) que proceda a señalar el día y hora del inicio del juicio, "dado el volumen y complejidad de las pruebas documentales solicitadas".

El caso se articuló sobre una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación considera la existencia de un plan urdido en 2002 por los principales responsables de ejecutar las obras de la plataforma para obtener beneficios ilícitos.

El fiscal estima que se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, sobrefacturación de los trabajos ejecutados mediante el aumento de los precios y certificaciones ficticias y facturaciones falsas.

Estima que se produjo un desvío total en perjuicio de PLAZA por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en la primera fase de los trabajos y 104,2 en la segunda.

Por estos hechos, que tipifica como diversos delitos económicos, el fiscal pide 23 años de prisión para el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril y 7 años y 8 meses para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco.

En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 190 años de prisión para los 25 acusados, entre ellos el expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, que se enfrenta a 5 años y 10 meses.

Los presuntos delitos imputados a los acusados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales.

También figura como acusación el Gobierno aragonés, que solicita 25 años de cárcel para García Becerril y 6 para Esco.

Por su parte, la sociedad gestora de Plaza, que cifra en 156 millones de euros los perjuicios, acusa a 23 personas, entre ellas la esposa y dos hijas de García Becerril, para las que pide condenas de entre 9 y 11 años.