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Zaragoza

La patronal del sector recurre los pliegos de la futura contrata de parques y jardines

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, afirma que las empresas quieren eliminar las cláusulas sociales.

Un operario de FCC Parques y Jardines realiza labores de limpieza de ramas.
Un operario de FCC Parques y Jardines realiza labores de limpieza de ramas.
José Miguel Marco

La Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines, que defiende los intereses de la patronal del sector, acaba de presentar un recurso ante Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). Su objetivo es impugnar 22 cláusulas incluidas en los pliegos de condiciones de la futura contrata que se encargará del mantenimiento de las zonas verdes de Zaragoza, actualmente en licitación.

Los motivos del recurso son diversos. Las empresas rechazan desde que no se divida el contrato en lotes hasta el apartado de vehículos, maquinaria y medios auxiliares. Las fórmulas de puntuación del precio, cómo se valora el plan de organización, las posibilidades de modificación del contrato, el inventario o las especificaciones técnicas del programa de gestión de la limpieza son algunos de ellos.

También alude a algunas de las denominadas cláusulas sociales, que ha sido el aspecto en que ha hecho hincapié este martes el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Según ha explicado el edil, el recurso pretende anular las mejoras en material social, laboral, medioambiental previstas para la futura contrata. “Es un recurso contra la contratación pública responsable, contra las cláusulas sociales”, ha afirmado Cubero.

Según ha informado, el pleito se anunció el viernes, paso previo al recurso. “Vamos a defender las cláusulas sociales en el Tacpa y en las calles con la plantilla. Si no les daremos las llaves de los ayuntamientos al Ibex 35”, ha señalado. Ha agregado que el Ayuntamiento debe trasladar el expediente al Tacpa, así como sus valoraciones. A partir de ahí se abrirá un plazo de 15 días para que el citado organismo decida. Cubero ha indicado que hay sentencias que avalan las cláusulas sociales.

El responsable municipal ha explicado que entre los aspectos que quiere anular la citada entidad figuran el plan de conciliación o la bolsa de empleo, pensada para que “no siempre se contrate a los amigotes y se respeten los principios de igualdad y mérito”. Ha indicado además que la patronal de sector rechaza la cláusula que puntúa más a las empresas con personal indefinido. “La gran mayoría de la plantilla de Parques y Jardines de Zaragoza es indefinida. ¿Qué intención tiene la patronal del sector?”, ha dicho.

Por otro lado, ha añadido Cubero, las empresas se oponen a la exigencia de “no minorar las condiciones laborales” o las referidas a las sanciones. “Les parece desproporcionada una sanción de 300.000 euros en un contrato de 50 millones. Defienden los 3.000 euros de ahora. Quieren impunidad”, ha afirmado.

Cubero ha indicado que FCC, la actual adjudicataria, forma parte de la Asociación y ha sido “un actor fundamental” en este recurso. También ha citado a Ferrovial, implicada en el caso Palau. “Los que ayer eran condenados por corrupción hoy recurren las cláusulas sociales, laborales y ambientales. Por eso nuestra apuesta por la remunicipalización. Pero siempre el PP, PSOE y Ciudadanos salen en defensa de estas empresas que compran políticos”, ha denunciado.

Este recurso llega además en un momento en que el Ayuntamiento está a la espera de cerrar un acuerdo con FCC que fije las condiciones en que se debe prestar el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato, dado que el actual ya ha expirado y no se ha pactado una prórroga. Cubero ha criticado que la empresa no haya facilitado aún los datos con los costes reales del mantenimiento de los parques.

“Da la impresión de que FCC no tiene ningún respeto por el servicio y parece que el día 31 de enero tratará de cobrar de más”, ha señalado. Ha confiado en que haya un acuerdo y que la certificación de este mes se abone en su integridad. Aunque no ha querido valorar qué ocurriría en caso contrario, fuentes municipales han indicado que el Ayuntamiento acudirá a los tribunales por la cuantía de la certificación en la que esté disconforme.

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