El Ayuntamiento ha pagado en 2017 facturas por valor de 43 millones sin un contrato en vigor

El pago de facturas sin contrato en vigor se volvió a descontrolar en 2017. El Ayuntamiento de Zaragoza abonó por este sistema, que es excepcional, 1.138 facturas que suman unos 43 millones de euros. La cifra bate todos los récords registrados y supone un aumento del 74% en solo dos años (2015 se cerró con una cifra de 24,8 millones de euros, según la Intervención General del Consistorio).

Los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que es como se conocen estos pagos, son un problema que va a más en la administración municipal. Afecta a todos los servicios que se prestan al Ayuntamiento sin un soporte contractual, por ejemplo porque la empresa ha agotado el periodo de una concesión, o cuando no hay partida presupuestaria. El interventor advierte de que estos reconocimientos son "irregulares", "distorsionan" los resultados de la ejecución de las cuentas y deberían ser siempre una excepción (por ejemplo, con una obra de urgencia).

La eliminación de este problema, que ya venía de corporaciones anteriores, fue uno de los compromisos del concejal de Economía, Fernando Rivarés, cuando accedió al cargo. De hecho, en julio de 2015 anunció que en seis meses dejaría de admitir estos reconocimientos y que exigiría "responsabilidades políticas y personales" a quienes no acatara esa orden. No tardó en constatar que no podía cumplir su compromiso. Es más, en lugar de reducir el problema, se agravó.

En el caso del año 2014, se atendieron 528 expedientes por un valor total de 30,3 millones, cifra que bajó a 24,8 millones y 580 expedientes en 2015. Pero en 2016 el volumen de reconocimientos extrajudiciales se disparó hasta los 36 millones de euros, una cifra hasta ese momento desconocida.

Si se analizan los contratos que se abonan por el sistema del reconocimiento de obligación, destacan todos los relacionados con los servicios sociales. Es lo que ocurre en el de la teleasistencia a personas mayores, que tiene un importe de 2,2 millones de euros. En este caso, no se han presentado unos pliegos de condiciones en el servicio de Contratación del Ayuntamiento de la capital.

Otro de los grandes contratos del Ayuntamiento es el de las prestaciones sociales domiciliarias, adjudicado a Servisar y a Clece, que desde que expiró el periodo de la concesión de cuatro años no se ha vuelto a renovar. En total, supone 14,5 millones anuales. También destaca la gestión de la animación de las casas de juventud y los proyectos de integración de espacios escolares, que implican un gasto de 9,3 millones al año. La última prórroga expiró en 2016.

Además, se pagan otros servicios sin contrato, como por el ejemplo la conservación y mantenimiento de los espacios naturales (1,8 millones), la conservación del viario público (862.068 euros), los puntos limpios (839.268 euros), el centro de protección animal (699.257), el mantenimiento de los puentes (861.853) o el suministro de gasóleo C (3,9 millones), entre otros.

Frente a la acumulación de servicios que se prestan sin contrato, Fernando Rivarés asumió en el último pleno que no se está reduciendo los reconocimientos de obligación al ritmo esperado, pero subrayó el esfuerzo realizado. En este sentido, recordó que desde la llegada de ZEC se han regularizado 201 contratos. "Ya me hubiera gustado a mí haber acabado con todos ellos. Pero la magia ocurre en las películas, en la vida cotidiana no", dijo.

Rechazó que los datos actuales se puedan comparar con los de años anteriores, dado que en la etapa socialista muchas facturas se ocultaban en la cuenta 413, la de las ‘facturas en los cajones’. Además, destacó los esfuerzos en materia de personal, con un servicio de contratación que se ha visto afectado por una liberación sindical y una baja de larga duración. "Va a haber más refuerzos, a pesar de la tasa de reposición", prometió el concejal Rivarés.