Las ‘picarazas’ estarán poco en la jaula. La operación bautizada con el nombre de ese pájaro fue desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante seis meses y culminó con la detención de nueve personas y la recuperación de multitud de joyas robadas, tarjetas bancarias, décimos de lotería, móviles, tabletas, ordenadores, 3.500 euros y ocho vehículos, algunos de alta gama. El resultado de la misma fue presentada por los máximos responsables de la seguridad en Aragón y fecilictaron a los agentes por haber asestado un duro golpe a uno de los grupos especializados en hurtos más activos. Ocho meses después, la operación Picaraza se ha saldado con la condena de cuatro de sus miembros -tres mujeres y un hombre- a penas de un año y medio de prisión.

La fiscalía planteaba en su escrito de acusación provisional condenas de ocho años de cárcel para cada uno de los siete acusados por delitos de pertenencia a banda criminal y autoblanqueo de capitales. Pero, tras llegar a un acuerdo con los abogados defensores de los acusados, Olga Oseira y Javier Notivoli, accedió a rebajar su petición a un año por pertenencia a grupo criminal y seis meses por el blanqueo. Además, de los siete acusados iniciales – Larisa Denisa Teglas, Petruta Gabor, Sigina Muntean, Raju Gigel, Simion Dorin, Laurentius S. y Marius Cristian–, solo fueron juzgados los cuatro primeros, porque el resto ha sido declarado en rebeldía. Otros nueve miembros de la banda están en paradero desconocido.

Consigaron 2.000 euros para reparar el daño

Para tan sustancial rebaja, el fiscal apreció que concurría la atenuante de reparación del daño como muy cualificada, ya que tuvo en consideración que los acusados Larisa Denisa Teglas, Petruta Gabor, Sigina Muntean, Raju Gigel, consignaron en concepto de responsabilidad civil 2.000 euros. El perjuicio económico aún no está calculado, pues se está a la espera de que se presente un informe pericial, que servirá para determinar la multa que se les imponga.

La desarticulación de la banda, dedicada exclusivamente a robar a octogenarios y nonagenarios en sus casas, se llevó a cabo el pasado marzo. La investigación se había iniciado en octubre de 2016 en Ciudad Real tras detectarse un número desmesurado de denuncias que alertó a los agentes. Los robos en esa provincia cesaron en diciembre y entonces se comprobó que habían trasladado su actividad a Aragón y su base de operaciones a Zaragoza, donde tenían tres pisos francos y una nave en Alfajarín en la que fueron intervenidos ocho vehículos –entre ellos tres BMW y un Audi A-8- que utilizaban para desplazarse por toda España.

En total, los agentes atribuyeron a este grupo 62 robos en Ciudad Real, Gijón, Oviedo, Burgos, Huesca, Teruel, Jaca y en la capital aragonesa. Sus víctimas eran todas principalmente ancianas y ancianos que viven solos, a los que no solo arrebataban joyas y objetos de valor, sino también las sumas de dinero que guardaban en casa y tarjetas bancarias a cuyo número secreto no les era difícil acceder, puesto que los mayores suelen guardar las claves de seguridad junto a ellas.

Las autoras materiales de los hurtos eran las mujeres, las cuales se hacían pasar por trabajadoras municipales, de asistencia en casa, de Cruz Roja y entidades similares. El abanico de recursos para entrar a las casas de las víctimas era amplio y no estaban en los pisos más del tiempo necesario para desvalijarlos. A las mujeres les esperaban siempre los hombres en la calle, vigilando y dentro de coches para huir si surgían complicaciones.

Aunque las denuncias iniciales fueron 62, la Fiscalía solo pudo relacionarles con ocho robos en Burgos y con el hurto en once domicilios de Zaragoza y Huesca, ya que la Policía recuperó joyas y luego –a pesar de estar desengarzadas y machacadas muchas de ellas– fueron reconocidas por las víctimas. Tampoco les pudo acusar de robo, ya que los perjudicados no identificaron a los delincuentes. Al final, les atribuye blanqueo y grupo criminal.