El servicio de mantenimiento de los parques y jardines de buena parte de la ciudad se quedará sin contrato en poco más de un mes. La vinculación contractual de FCC con el Ayuntamiento termina el próximo 31 de diciembre, y la empresa comunicó el viernes de la semana pasada oficialmente que renuncia a la prórroga a la que tenía derecho. Pero, además, la concesionaria hizo un aviso importante al Consistorio: si quiere que siga prestando el servicio hasta que se adjudique un nuevo contrato, habrá que renegociar las condiciones actuales. De lo contrario, advierte FCC, no puede garantizar que se mantengan las condiciones de los trabajadores, es decir, podría haber bajada de sueldo para la plantilla.

En el gobierno municipal siempre han mantenido que la concesionaria deberá seguir trabajando a partir del 1 de enero, al tratarse de un servicio esencial, a pesar de que no haya contrato en vigor, como ocurre con muchas otras contratas. No obstante, FCC señala en el escrito que remitió a la concejalía de Servicios Públicos que "la continuidad del servicio, en las actuales condiciones, supondría unas pérdidas económicas" que la empresa "no puede asumir".

La concesionaria recuerda al Ayuntamiento que antes de que finalice el contrato el próximo 31 de diciembre se le tiene que notificar "la voluntad de la administración con respecto a este contrato", es decir, "si el mismo va a salir a licitación o si el servicio va a ser rescatado". El gobierno de ZEC estaba pendiente de un informe del interventor sobre la municipalización del servicio para llevarlo a votación de una comisión extraordinaria de Servicios Públicos. Si, como es previsible, la mayoría del pleno rechaza el rescate del servicio, ZEC ha asegurado que tiene listos los pliegos de condiciones para sacarlo a concurso.

FCC le recuerda al Ayuntamiento en la misiva que, en caso de tener que seguir prestando el servicio de forma provisional a partir del 1 de enero, a partir de esa fecha "vence el pacto laboral que mejora las condiciones del convenio estatal de jardinería" a los empleados de la empresa.

Y le pasa la pelota al Ayuntamiento para mantener esas condiciones: "Los derechos de los trabajadores (...) solo se pueden garantizar, dada la actual situación, con unas nuevas condiciones establecidas de mutuo acuerdo que se ajusten al coste real de los servicios que se vayan a prestar". Según las estimaciones de los propios trabajadores, pasar a depender del convenio estatal podría suponerles una bajada de salario de entorno al 20%.

Así lo refleja la empresa en su escrito, que ve un peligro de que los trabajadores "vean lesionados los derechos reconocidos". Algo que achaca a "la inactividad e incertidumbre jurídica a la que se está abocando la prestación de este servicio por parte del Ayuntamiento, dejándole sin marco contractual". Así, FCC solicita "la urgente actuación municipal para evitar lesionar los derechos de los trabajadores".

En definitiva, la concesionaria le pide al Consistorio que le comunique, a apenas un mes de que termine el contrato, cuáles son sus "intenciones" en relación "al futuro de este servicio". "Si la decisión adoptada es la continuidad provisional del mismo por parte de esta mercantil, se nos indique cómo se va a garantizar el abono del coste real del servicio", dice la empresa, quien concluye que "esta indeterminación jurídica se debe clarificar lo antes posible si se quiere evitar que cualquier decisión del órgano de contratación afecte a los derechos laborales de los trabajadores".