La presunta contratación irregular de su esposa como educadora de adultos ha sentado este martes en el banquillo de los acusados al exalcalde de Alhama de Aragón, Joaquín Antón (CHA), para el que la Fiscalía y el actual regidor, José María Castejón (PAR), piden entre siete y nueve años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito de prevaricación. Pero el encausado no solo ha negado ante la juez que contratara a dedo a su mujer en los años 2010 y 2011, sino que ha asegurado que lejos de beneficiarla, la perjudicó.

Según ha explicado Antón, al haber ganado la plaza de educadora durante tres años consecutivos –de 2007 a 2010–, su esposa había adquirido derechos para que el Ayuntamiento de Alhama la contratara como indefinida discontinua. El exregidor mantiene que se aseguró de ello consultando al entonces secretario municipal –ya fallecido– y a una asesora de CHA en la Diputación de Zaragoza. "Pese a ello y como éramos un gobierno en minoría, hablamos del tema con la oposición y José María Castejón –entonces concejal– se opuso. Por lo que con el acuerdo unánime de todos los grupos se contrató finalmente a mi mujer, pero sin reconocerle la condición de indefinida", ha declarado el encausado.

Cuando en el año 2012 Castejón apeó a Antón de la alcaldía de Alhama de Aragón mediante una moción de censura, el primero decidió echar a Eva Bendicho. La mujer del exregidor presentó entonces una denuncia por despido improcedente que ganó y obligó al Consistorio a indemnizarla.

Tras escuchar la versión del acusado y del denunciante, así como las de resto de testigos, la Fiscalía ha decidido mantener los cargos de prevaricación contra Joaquín Antón. Según la acusación pública y pese al rotundo pronunciamiento de la Justicia sobre la condición de indefinida discontinua de la mujer del exalcalde –tanto en un juzgado de lo Social como ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón–, el ministerio público ha afirmado que esta era una cuestión "controvertida". Por tanto, ha indicado, lo que tenía que haber hecho el acusado es contratarla como indefinida discontinua e iniciar un periodo de alegaciones –como estipula la norma– o convocar la plaza como en los años anteriores para que pudiera presentarse quien quisiera. "Porque al no hacerlo, se entiende que se le adjudicó a dedo", ha señalado.

Una postura similar ha mantenido la acusación particular, ejercida por el letrado Víctor Ruiz de Diego, quien no solo pide cinco años de inhabilitación absoluta para Joaquín Antón sino también el abono de 5.607 euros. Porque, según esta parte, la supuesta contratación irregular de Eva Bendicho obligó al Consistorio a devolver una indemnización a la DPZ.

La defensa, a cargo de José Palacín, ha insistido en la legitimidad del procedimiento y ha recordado que el contrato y las citadas ayudas "eran totalmente independientes". Ha apuntado, además, que el propio Antón puso de su bolsillo el dinero que la DPZ reclamó al Ayuntamiento de Alhama.