Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, de la nada a más de 140.000 visitas al año

La DGA ha iniciado el proyecto para trasladar las oficinas de Ciudadanía y Derechos Sociales, pero aún no ha cerrado el acuerdo necesario con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Cerrado desde 2013. Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar ocupan una manzana y tienen accesos por la plaza y por la calle de Prudencio. Con el traslado a la Ciudad de la Justicia, el complejo quedó vacío y desde entonces el Gobierno de Aragón busca nuevos usos.
Cerrado desde 2013. Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar ocupan una manzana y tienen accesos por la plaza y por la calle de Prudencio. Con el traslado a la Ciudad de la Justicia, el complejo quedó vacío y desde entonces el Gobierno de Aragón busca
Oliver Duch

El traslado de los departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón a los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, previsto para 2019, generará unas 140.000 visitas al año, un movimiento que, según el director general de Contratación, Patrimonio, Miguel Ángel Bernal, ayudará a revitalizar la zona, castigada desde que las dependencias judiciales se trasladasen a la Expo allá por 2014.

A esta cifra, como ha explicado este lunes en la Comisión de Hacienda de las Cortes, habría que sumar los más de 500 empleados públicos que se desplazarían hasta la plaza del Pilar a diario. El problema es que la DGA ha sacado a licitación la redacción del proyecto sin haber cerrado un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que reclama la reversión de los 25.000 metros cuadrados de todo el inmueble.

Bernal admite que pese a existir un preacuerdo verbal, "no hay formalizado absolutamente nada". No existe, por tanto, un documento que recoja a qué se comprometen ambas partes. "El Gobierno de Aragón tiene voluntad de llegar a un acuerdo, pero el de Zaragoza, a la vista del requerimiento de este año, lo pongo en cuestión", manifiesta.

En su opinión, la reclamación del Consistorio no es incompatible con el inicio de los trabajos. "La DGA saca a licitación el proyecto de reacondicionamiento porque, en estos momentos, el edificio es de su propiedad. El derecho de reversión tendría que reconocerse jurídicamente y, aunque fuese así, sería materialmente imposible de ejecutar. En ese caso, habría que compensar al Ayuntamiento", asevera.

Bernal ve "contradictorio" que el Consistorio llegase a un preacuerdo verbal y, posteriormente, enviase un requerimiento. No obstante, esto, según fuentes de Urbanismo, "no significa un portazo", ya que "la negociación sigue abierta" y, en paralelo, se espera a que la DGA "dé una respuesta formal" al escrito. "El Ayuntamiento no tiene voluntad de llevar este tema a los tribunales por el momento", apuntan las mismas fuentes.

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