CC. OO. denuncia al presidente de la DPZ y al tribunal de las pruebas de bomberos por "filtrar preguntas"

Una veintena de aspirantes presentan una querella por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Para probar el "amiguismo", antes del examen dieron a un notario 8 nombres y 6 figuran entre los 20 únicos aprobados.

Un centenar de opositores llevaron su protesta al último pleno.
Un centenar de opositores llevaron su protesta al último pleno.
Oliver Duch

Las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero-conductor en los parques de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han acabado en los juzgados, ya que el sindicado CC. OO. y 23 de los aspirantes formalizaron ayer una querella criminal contra el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, y los siete integrantes del tribunal por la supuesta "filtración de preguntas". Los denunciantes consideran que estas personas, por "afinidades o simpatía política", habrían ayudado a algunos de los candidatos a pasar el primer examen, por lo que atribuyen a los querellados supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

"El modo de proceder supuestamente es el filtrado de preguntas a personas elegidas y la elaboración de un examen que resulta imposible de aprobar salvo que sepas de antemano el contenido del mismo", manifiestan los querellantes a través del escrito presentado por la abogada Carmen Sánchez Herrero. Para probar hasta qué punto eran fundadas sus sospechas, antes de que se conocieran los resultados del primer examen, uno de los denunciantes levantó dos actas ante notario. En ellas, hacía constar los nombres y apellidos de ocho personas que creían que iban a aprobar. Y de ellas, seis han pasado la prueba y dos se han quedado fuera por un único fallo.

Los querellantes recuerdan que fueron 476 aspirantes los que se presentaron al examen y que tan solo 20 lo aprobaron. "La probabilidad de acierto era mínima si no se tienen unas sospechas fundadas", indican. Al margen de las actas notariales, los denunciantes aportan un anexo en el que precisan las relaciones que supuestamente existen entre estos aprobados y los ocho querellados.

El primer dato que destacan es que la mayoría de los aprobados bajo sospecha estén vinculados de alguna manera al sindicato UGT. Al margen de esto, recuerdan que varios de ellos llevan tiempo trabajando como bomberos interinos en parques de la DPZ en los que son compañeros de miembros del tribunal que han preparado preguntas.

La querella criminal, remitida al juzgado decano para su reparto, menciona también las supuestas relaciones de amistad entre algunos de los candidatos que han logrado superar la prueba y varios querellados. A modo de ejemplo, apunta que uno de los aprobados es "amigo íntimo y compañero de caza" del presidente de la DPZ. No es el único "amigo" que los denunciantes atribuyen a Sánchez Quero, ya que también le relacionan con un aspirante que obtuvo un 7,33 en el examen celebrado el pasado 30 de septiembre y que compró una casa en Tobed "por amistad con este" (refiriéndose al presidente, que es natural y vecino de este municipio).

"Estoy muy tranquilo"

Tras saber de la presentación de la querella a través de HERALDO, Sánchez Quero dijo anoche estar "muy tranquilo". "¿Cómo no voy a estarlo, si no he cometido ninguna injerencia ni dicho al tribunal calificador qué tiene que hacer?, indicó. En relación a su amistad con algunos de los aprobados, el presidente explicó que él conoce "al padre y al hermano" de alguno. "Claro que conozco a la gente de mi pueblo y de los de alrededor, pero eso no significa que vaya por ahí cometiendo delitos", manifestó, para insistir en la "pulcritud" del procedimiento. "Estaré a lo que diga la Justicia", dijo.

Enterado de las quejas de algunos de los aspirantes, Sánchez Quero pidió un informe al presidente del tribunal de la oposición. Y este ha concluido que la prueba se llevó a cabo respetando los principios de "igualdad, mérito y capacidad". Por la condición de aforado del presidente de la DPZ, los querellantes han presentado también una copia de su escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Piden también que, como medida cautelar, se paralice el procedimiento de las oposiciones.

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