La actuación de la Policía Local afecta ya a 12 negocios
El grado de incumplimiento, y las posibilidades de regularización varían entre unas fincas y otras.
La Policía Local fue la encargada, el año pasado, de iniciar las pesquisas sobre la situación de las fincas de bodas en la capital aragonesa, por las sospechas de que la mayoría estuvieran operando al margen de la legalidad.
En concreto, el Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento investigó el posible incumplimiento de las obligaciones fiscales de estos establecimientos y puso en aviso a la Policía. Los agentes de la Unidad de Barrios Rurales han indagado en aquellos terrenos y parcelas que, sin ser restaurantes ni contar con los permisos y licencias necesarios, celebraban eventos de forma irregular, principalmente banquetes de bodas y ceremonias.
Su labor se prologó durante meses, desde el año pasado hasta este verano, cuando se abrieron los últimos expedientes, y de hecho todavía se sigue investigando. En total se ha actuado contra 12 negocios, la mayoría ubicados en barrios rurales y zonas alejadas del centro de Zaragoza, como La Cartuja Baja, Miralbueno, San Juan de Mozarrifar o Peñaflor, entre otros.
Son La Esencia, Tierrabella, El Cantal, Torre del Pino, Hacienda Las Flores, Torre Mirahuerta, Almenara de Copau, El Rocío, El Cortijo de Santa María, La Quinta, Los Cipreses y La Tabla Redonda.
Cada una de estas fincas presenta sus particularidades, por lo que el grado de incumplimiento, y las posibilidades de regularización varían sustancialmente entre unas y otras. De hecho, en alguna de ellas ya ha conseguido la licencia necesaria para dar servicio de restaurante.
Eso sí, fuentes municipales reconocen que la mayor parte de las propiedades expedientadas no han cumplido con los requisitos que les solicitaron a cambio de otorgarles el periodo de gracia estival, para no perjudicar a las parejas que ya tenían contratadas, y que ahora se va a prolongar otros cinco meses.
Tras el acuerdo de los grupos en el Ayuntamiento y el apoyo del sector hostelero de la ciudad, los empresarios afectados confían en que se concreten las modificaciones legales que sean necesarias para volver a poner en marcha sus negocios.
