El Ayuntamiento amplía 5 meses la moratoria a las fincas de boda ilegales para evitar su cierre

El Ayuntamiento de Zaragoza va a prorrogar la moratoria que concedió a las fincas expedientadas por celebrar eventos, principalmente bodas, sin las correspondientes licencias y en terrenos donde no se puede registrar este tipo de actividad hostelera. En concreto, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, comunicó ayer al resto de formaciones políticas su intención de ampliar dicho plazo en cinco meses, tiempo necesario, a su juicio, para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y dar así cabida legal a estos negocios.

La mayoría de las 12 fincas expedientadas por la unidad de Barrios Rurales de la Policía Local se han constituido en asociación para luchar por su legalización, y han presentado al Consistorio una propuesta para cambiar la normativa vigente y se les regularice. Los técnicos están estudiando la solicitud de una en una, ya que cada finca presenta una situación diferente. Según las primeras impresiones, parece que la mayoría podrían operar con normalidad tras modificar el PGOU, pero desde Urbanismo reconocen abiertamente que no todas lo conseguirán.

Pablo Muñoz, partidario de encontrar una solución a una actividad que "ayuda a conservar fincas antiguas con cierto valor" y que tienen el apoyo del sector hostelero, cuenta con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento para cambiar la normativa. Sin embargo, reconoce que será un largo camino, por lo que su objetivo es "que esté solucionado antes de la próxima temporada de bodas" al aire libre, es decir, para primavera.

Mientras tanto, las fincas deberán lidiar con la incertidumbre de si Urbanismo les consigue dar encaje legal, con todo lo que eso conlleva. Según el presidente de la asociación de fincas afectadas, Chema Sanjuán, están notando una importante caída de las reservas de cara al año que viene. "Llevaremos un 10% de la cifra habitual por estas fechas", lamenta, aunque reconoce que el Ayuntamiento les ha transmitido "buenas sensaciones" por lo que las ventas "han comenzado a repuntar".

Sanjuán recuerda que cuentan con el apoyo de la asociación de hosteleros Horeca y con el de los grupos políticos, con los que se han reunido en las últimas semanas. Además, señala que es un sector que "ni molesta ni genera ruidos", y que todo se reduce a una cuestión de "voluntad". Sin embargo, reconoce que algunas fincas lo tendrán "más difícil" para regularizarse, dada la naturaleza del terreno sobre el que se asientan, o las edificaciones que se han levantado de forma irregular.

Aplicación de carácter general

A su juicio, la propuesta que han presentado al Ayuntamiento implica la modificación de "pequeños matices" del PGOU, más que grandes cambios. Sin embargo, desde el equipo de Gobierno de ZEC reconocen la complejidad de tocar una normativa que no solo beneficiaría a las 12 fincas expedientadas.

"Las normas son de aplicación general, no se pueden hacer modificaciones ‘ad hoc’ solo para unos pocos empresarios", reconoce el concejal de Urbanismo. La principal irregularidad que se encontró la Policía Local y el Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento en sus visitas a las fincas afectadas fue la catalogación de las parcelas. En muchos casos se ubican en suelo no urbanizable de especial protección del regadío, lo que impide el uso que se le estaba dando, en algunas de ellas, desde hace más de una década.

Además, carecían de licencia de actividad, algo que los responsables de las fincas criticaron ya que "nunca" se les había exigido. "Muchos no somos restaurantes, ni tenemos cocinas. En mi caso, hago 25 o 30 eventos al año con un catering que trae la comida", explica Sanjuán, quien recuerda que "los colegios tampoco son restaurantes y dan de comer". De momento, las moratorias les han permitido esquivar los expedientes sancionadores a la espera de la resolución política.