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Zaragoza

ZEC seguirá adelante con la ampliación del Bizi pese al rechazo del Consejo Consultivo

El gobierno dice que la Asesoría Jurídica avala su propuesta y la oposición considera que su actitud es "temeraria".

El gobierno municipal de ZEC no va a dar marcha atrás en su propuesta de ampliar el servicio Bizi pese al dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Aragón, organismo dependiente de la DGA. Así lo explicó ayer la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, tras reunirse con representantes de la oposición, a los que explicó la situación del proyecto.

La responsable municipal explicó que la Asesoría Jurídica ratifica en un nuevo informe su posición inicial, favorable al proyecto. Frente a la posición del Consejo Consultivo, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, Artigas explicó que los servicios jurídicos "consideran que tiene consistencia y que se ajusta al contrato". Además se está pendiente de un nuevo informe de un ingeniero.

Agregó que se está a la espera de las aportaciones del resto de los grupos, pero no se mostró dispuesta a alterar en lo sustancial el proyecto. "Es una demanda ciudadana", dijo Artigas, que confió en que no haya recursos judiciales a la propuesta.

La ampliación del servicio Bizi consiste en la incorporación de 120 nuevas estaciones y 1.200 bicicletas. La operación tiene un coste de 10,2 millones de euros que se abonarían hasta el final de la concesión. Este es precisamente el aspecto que cuestiona el Consejo Consultivo, que recuerda que el modelo de financiación está basado en la publicidad y las tarifas, no en una retribución fija.

El concejal del PP en el Ayuntamiento, Sebastián Contín, calificó de "temeraria" la decisión de ZEC de perseverar en su propuesta "ilegal" de ampliación del Bizi, sobre todo tras ser "finiquitada" por segunda vez por el Consejo Consultivo.

Contín explicó que "es la peor de las decisiones, porque pone en riesgo un proyecto por el que todos habíamos apostado y para el que existía un acuerdo amplio". "La ampliación no puede hacerse a cualquier precio y sin seguridad jurídica", afirmó Sebastián Contín.

Lola Ranera, del PSOE, afirmó que la decisión de ZEC es "arriesgada". "Pero es el gobierno el que gestiona sus riesgos. Esto le puede acabar costando dinero al Ayuntamiento", declaró Ranera, que afirmó que ZEC se está acostumbrando a los "varapalos judiciales".

Alberto Casañal, de Ciudadanos, defendió la ampliación, pero también expresó su preocupación por el revés del Consejo Consultivo. Por su parte, CHA confió en que el proyecto se impulse "lo antes posible" y que "el servicio jurídico municipal esta perfectamente capacitado para encontrar la mejor solución para hacerla".

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