El portavoz del Gobierno municipal de Zaragoza en Colmún  (ZEC), Fernando Rivarés, ha dicho que el auto judicial que suspende la autorización municipal de la cesión de uso del Centro Cívico Delicias para organizar una charla-debate, con el lema por el derecho a decidir, "tritura" derechos básicos como el de reunión y el de libertad de expresión.

La titular del Juzgado Contencioso-administrativo, número 5 de Zaragoza, ha acordado la medida cautelar solicitada por el grupo municipal del PP y ha suspendido la autorización del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de cesión del Centro Cívico Delicias para la celebración este sábado, 23 de septiembre, de la 'Charla-debate por el derecho a decidir", organizado por Marchas de la Dignidad de Aragón.

La finalidad de este acto era "mostrar la solidaridad con el pueblo de Cataluña y su derecho a decidir", según consta en el cartel anunciador. Rivarés ha informado de que se ha dado traslado a la entidad organizadora de la decisión judicial y ha asegurado que no han pedido el uso de otro espacio municipal.

Incomprensiblemente les da razón --al PP--, ha lamentado Rivarés para apostillar que el equipo de gobierno acata porque "no tenemos más remedio", pero ha dejado claro que no comparte el auto judicial porque es un "atropello a esos dos derechos fundamentales".

También ha tildado de "barbaridad jurídica y democrática" que en el auto se diga que el hecho de que el Ayuntamiento de Zaragoza ceda un espacio para celebrar un acto en el que pueda defenderse el referéndum "lleva implícito el riesgo de entender que el Ayuntamiento muestra su adhesión a una determinada corriente política a favor del referéndum en Cataluña, cuando la consulta además está suspendida".

"Inuadito"

Por ello, Rivarés se ha preguntado si en otras ciudades donde se celebran mítines "la ciudad se convierte en ciudad sanchista o pepera". En rueda de prensa, Rivarés ha insistido en que la Constitución avala el derecho de reunión y manifestación de cualquier ciudadano y los informes técnicos conceden la autorización a Marchas por la Dignidad porque hacen  una solicitud de una charla "sobre el derecho a decidir del pueblo catalán y como es libertad de expresión se concede y no significa que, por ello, se comparta lo que se fuera a decir en ese espacio".

Asimismo, ha calificado de "inaudito" el auto judicial porque "se prejuzga hecho no ocurrido" y se ha preguntado "si se cerrarán las  televisiones donde se opine lo que no le guste a algunos jueces o al PP".

A su parecer, "no se puede prohibir una reunión en la que se va expresar una opinión, que no atenta contra derechos fundamentales como la vida, que no es el caso".

En este sentido, ha dejado claro que "al Ayuntamiento ni le va, ni le viene. Si piden un espacio municipal y cumplen los requisitos se concede, sin más", ha zanjado.

Por último, ha opinado que "lo último que se necesita es más violencia verbal, sino que se precisa más diálogo porque con intentos de judicializar la vida política y prohibir la libertad de expresión o reunión se agita la convivencia por unos y otros".