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Zaragoza

El Ayuntamiento estará también en el banquillo

Marisa Latorre falleció a causa de las heridas que le provocó el toro que la embistió hace tres años en las fiestas de Tauste. Ahora, la Fiscalía considera al Ayuntamiento responsable civil.

Una fuga de 2,4 kilómetros
Una fuga de 2,4 kilómetros
Víctor Meneses

La Fiscalía acusa de homicidio imprudente y pide cárcel para cinco personas por la trágica muerte de Marisa Latorre. Pero también considera responsable civil de lo ocurrido al Ayuntamiento de Tauste, que, en caso de condena, tendría que hacer frente a las indemnización de 250.000 euros que se pide para los padres de la fallecida. Por las lesiones sufridas por el padre de la mujer, el ministerio público reclama 400 euros, así como otros 90 por las daños causados por el novillo en un todoterreno de la Guardia Civil.

Además del consistorio, como presuntos responsables civiles de estos hechos han sido citados a juicio Construcciones Ameco, propietaria del camión del que se escapó el animal; Tauro Fiesta, sociedad que organizaba el festejo; y la ganadería La Rebomba.

"Toda la familia está muy mal. Nosotros estábamos en casa, vino el toro y la mató", explicaba un mes después del suceso a HERALDO la madre de la fallecida, María Pilar Fabre. La mujer no sabía entonces si presentarían una denuncia penal, pero finalmente lo hicieron y de la investigación del caso se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros.

El fallecimiento de Marisa Latorre causó una gran conmoción en Tauste, siendo cientos los vecinos que acudieron a su funeral, celebrado en la iglesia de Santa María el 11 de mayo de 2014. El grave suceso hizo que se cuestionaran tanto la seguridad del recinto en el que se desarrollaba el concurso de ganaderías como el protocolo de actuación ante la fuga del animal, que recorrió unos 2.400 metros por el casco urbano.

El alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés (PP), explicó tras los hechos que el festejo disponía de todos los permisos administrativos de la Dirección de Interior del Gobierno de Aragón. Sin embargo, se plantearon dudas sobre si la documentación de todos los animales era correcta, ya que los servicios veterinarios hicieron constar la no existencia de ciertos papeles en el acta previa al inicio del espectáculo. Como consecuencia de lo ocurrido, se planteó la necesidad de establecer un doble vallado de seguridad.

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