La recaudación de la plusvalía tocó techo el año pasado, con unos ingresos récord de 75,8 millones de euros, y 2017 puede ser el primero en el que se registre un descenso desde 2011. El Ayuntamiento de Zaragoza cerró el pasado mes de agosto con 45,1 millones de euros por este tributo, frente a los 52,5 del mismo periodo del ejercicio pasado, lo que supone una disminución del 14% (7,4 millones). La previsión para 2017 es de 65 millones.

Este descenso en la recaudación se produce en pleno debate sobre el futuro de este controvertido impuesto directo, que cobran los ayuntamientos cuando se transmite una propiedad inmobiliaria (compraventas, herencias, donaciones, usufructos...). Teóricamente grava la revalorización de un terreno, aunque para calcular la cuota no se tienen en cuenta los precios de mercado, sino el valor catastral del suelo y los años de tenencia del bien.

Eso propicia que con el sistema vigente el impuesto se liquide incluso en los casos de que una propiedad inmobiliaria se ha depreciado. Así lo ha puesto en evidencia el Tribunal Constitucional, que ha considerado nulo el cobro de la plusvalía en los casos en que no haya aumento de valor. La aplicación de las últimas sentencias está pendiente de la reforma de la Ley de Haciendas Locales por parte del Estado, aunque muchos ayuntamientos están suspendiendo la recaudación de este tributo para evitar devoluciones en el futuro.

Segundo impuesto municipal

La controversia actual se produce después? de años de polémica por la elevada recaudación de la plusvalía. En 2011, este impuesto supuso 21,5 millones de euros, cifra que se elevó a 24,4 millones de euros en 2012. Pero fue en 2013, con la entrada en vigor de la revisión catastral, cuando la recaudación empezó a crecer de forma desaforada.

2013 se cerró con 48,7 de recaudación mientras que en 2014 se alcanzaron los 58,4. Cuando parecía que ya no podían subir más los ingresos, en 2015 se alcanzaron los 70,7 millones y en 2016 los 75,8 millones, un récord que convirtió a la plusvalía en el segundo tributo en ingresos, solo superado por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El aumento en cinco años fue del 250%.

Mientras se elevaba la recaudación, arreciaban las protestas de los contribuyentes y los recursos judiciales. El gobierno socialista y después el de ZEC elevaron las bonificaciones, que en ningún caso lograron contener el crecimiento desbocado de los ingresos por este tributo.

Hasta que llegó 2017. Después de años de reticencias, los grupos de izquierdas decidieron incrementar las bonificaciones de la plusvalía en los casos de herencia de vivienda habitual, con descuentos del 95% a valores catastrales de suelo hasta 100.000 euros (en 2016 el umbral se fijó en 50.000 euros), además de otras rebajas. De cara a 2018, el descuento del 95% se elevará hasta los 150.000 euros.

Pero el debate de la plusvalía no afecta solo a las bonificaciones. El Ayuntamiento, que ha anunciado la suspensión del cobro en los casos en que no haya habido revalorización, ha ido acumulando sentencias en las que se le conminaba a reintegrar la plusvalía cuando había una merma en el valor. En 2016 hubo 21 sentencias desfavorables.

Es más, en julio se dictó un fallo judicial en la que se obligaba a devolver el recibo de la plusvalía en un caso de aumento de valor: el Ayuntamiento aplicó un 60% cuando la revalorización fue del 16%. Y el escenario futuro es de incertidumbre, dado que la traslación de la sentencia del Constitucional puede propiciar un desplome de la recaudación todavía por determinar. El gobierno, de momento, empieza a pedir compensaciones.